Por ahora, el 'fútbol para todos' es pan y circo. Si no cambia la forma de gerencia el negocio, los ciudadanos argentinos deberán poner $ 600 millones anuales para que una parte de la población pueda ver el fútbol gratis y, de paso, se evada un poco de la realidad.

El fútbol de Primera estatal no es negocio. Dado que el convenio asociativo entre la Jefatura de Gabinete y la AFA le cuesta a la Casa Rosada 600 millones de pesos por año, el fútbol para todos debería haber ingresado hasta ahora $ 126.315.789 para no caer en números rojos.

La cifra surge de dividir el dinero invertido por el Gobierno por las 38 fechas que dura la temporada y multiplicarlo por las ocho jornadas que se llevan disputadas hasta ahora -sin contar la novena, que termina hoy-.

Estimaciones privadas a las que tuvo acceso LA NACION hablan de un déficit superior a los 84 millones de pesos entre la facturación teórica y los billetes ingresados -entre 39 y 42 millones de pesos, según los relevamientos de Havas Media y la consultora Search-, gracias al aporte de su principal -y hasta hace unos días único- avisador: el gobierno nacional.

Las cifras negativas contrastan con la ya célebre frase del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a la hora de hablar del decreto que alumbró con fórceps las transmisiones estatales: "Estamos convencidos de que no vamos a poner un centavo".

Las razones de por qué las transmisiones transcurren entre números rojos se encuentran en un historial de improvisaciones, internas, ausencia de controles y manejos políticos. Todo, con la pelota de fondo.

"Este es un contrato firmado de apuro", cuenta una persona que recorrió los pasillos de la Casa Rosada cuando se rescindió el contrato con Televisión Satelital Codificada (TSC), anterior poseedora de los derechos televisivos. "Hay otra finalidad detrás, muy distinta a la del solo hecho de transmitir los partidos por una señal abierta", asegura la fuente.

"Están usando al canal como medio para propalar un mensaje. ¡Si el departamento comercial de Canal 7 no tiene segundos para vender!", se quejó otra persona que intentó negociar publicidad en los partidos antes de que, hace quince días, el Gobierno publicara el tarifario para los anunciantes privados y los habilitara a participar.

Fuentes de la emisora estatal confirmaron el dato: "Todo lo que tenga que ver con los avisos lo manejan desde la Jefatura de Gabinete". En la cartera que comanda Aníbal Fernández, sin embargo, no respondieron a un cuestionario que incluía el tema comercial y otros aspectos del fútbol para todos.

El Estado -que se subsidia a sí mismo con la pauta oficial- pone millones (no centavos) en el fútbol: 30.000 pesos en la producción de cada partido, además de los salarios de todo el plantel periodístico.

Los hombres de prensa sin cartel (relatores, comentaristas y vestuaristas) tienen contratos a corto plazo con sueldos infinitamente menores a los de Julio Ricardo y Marcelo Araujo, las cabezas visibles de las transmisiones K. En los últimos días, el fútbol para todos agilizó la contratación de pasantes para cumplir tareas durante los partidos. Alumnos avanzados de la Escuela Superior de Ciencias Deportivas (ESED) recibieron los primeros llamados para sumarse. Los directores de la ESED son Fernando Niembro y Marcelo Araujo.

En la Casa Rosada ya descuentan que los números del fútbol por la pantalla oficial cerrarán en rojo. "Este es un campeonato de transición", concedió un hombre de la televisión que conoce el negocio.

"Este es un mercado en el que las reglas del juego cambian permanentemente, y que además es intrínsecamente deficitario", agregó la fuente. El Gobierno no se preocupa por el agujero financiero que pueda dejarle el fútbol para todos. La pelota contribuyó a recalentar la pantalla oficial: cuatro de los 10 partidos por fecha superan los 10 puntos de rating (un punto equivale a 100.000 personas). "Al Gobierno le sale baratísimo, porque termina imponiendo su mensaje", razonaron en el mercado televisivo. "El verdadero negocio excede lo económico o financiero: termina siendo político", abundaron.

Con la pretensión de "hacer las cosas bien", la AFA y la Jefatura de Gabinete crearon un Comité de Coordinación de Gestión, cuyo objetivo principal es fiscalizar el fútbol estatal. Sin embargo, el comité, hasta ahora, nada advirtió sobre el déficit galopante que enfrentan las transmisiones. "La AFA fiscaliza, pero no decide nada", asegura un allegado a las decisiones del comité. "Nosotros cedemos la comercialización del producto a la Jefatura de Gabinete, y sólo tenemos la potestad de controlar lo que hacen", agrega la fuente. De todas formas, si el convenio asociativo firmado el 20 de agosto pasado hubiera estipulado que la AFA cobraría sus 600 millones de pesos por temporada sólo cuando los ingresos publicitarios cubran ese monto, en el edificio de la calle Viamonte se preocuparían mucho más por sus tareas de contralor. "Como este año está asegurado el piso de los 600 millones, no hay premura por apurar el tema de la comercialización", concede alguien que delibera junto al Comité de Coordinación de Gestión y pidió anonimato. "Además, la AFA sabe -aunque no lo diga- que ninguna empresa estaba dispuesta a pagarle los 600 millones de pesos que le garantiza el Estado."

Y al Gobierno, el plan de negocios del fútbol para todos le cierra por otros lados. Por eso, nadie piensa en cambiar la actual asociación mixta Gobierno-AFA. "A lo sumo se venderá algún partido a otra señal, o se licitará la producción", se escuchó en Balcarce 50. Y en las paredes de la Casa Rosada resonó una pregunta: "¿a alguien le importa perder 150 o 200 millones de pesos en algo así?".