Los grupos multimedios Clarín y Uno advirtieron hoy que recurrirán a la Justicia para buscar frenar la puesta en vigencia de la polémica ley de Servicios Audiovisuales aprobada por el Congreso de la Nación, pero el Gobierno de Cristina Kirchner buscó restarle importancia al tema.

Las demandas contra la polémica ley sería imitada por otros titulares de licencias de canales de televisión, cables y radios, y por el gobernador Alberto Rodríguez Saá.

Los voceros de los multimedios señalaron que buscarán "hacer valer sus derechos" en la Justicia al considerar que la ley "tiene artículos inconstitucionales".

En tanto, el director de Supervisión y Evaluación del Comfer, Gustavo Bulla, advirtió en declaraciones a radio Millenium que "quienes vayan a la Justicia tendrán que explicar por qué están excedidos con las licencias", y consideró que "en el país hay una justicia independiente como no la hubo en los últimos 20 años".

"El Grupo Clarín va a recurrir a la Justicia para hacer valer sus derechos. No se trata de ganar tiempo, se trata de que realmente hay artículos que son inconstitucionales. Alguien debe reparar esto, será la Justicia, será el Congreso, no lo sabemos", dijo el director de Relaciones Externas del multimedios, Jorge Rendo a la misma emisora.

El vocero de Clarín dijo que "hay cosas de la ley que son insólitas" y sostuvo que "no existe en ningún lugar del mundo y de algún modo deben ser reparadas".

"El grupo tiene 16 mil empleados directos. En TyC tuvimos que hacer un retiro voluntario por motivos del tema del fútbol, pero no hay ningún plan de achique del personal por parte del Grupo Clarín".

Rendo apuntó directamente contra el ex presidente Néstor Kirchner al sostener que le "causa gracia" la posición del ex mandatario al señalar que "en realidad Kirchner no nos dio nada".

"La fusión de Cablevisión con Multicanal la hicimos nosotros, fue un trabajo impecable, pero siempre en la compra o en los movimientos empresarios de esta magnitud en cualquier lugar del mundo hay alguna incidencia política", admitió.

Por su parte, el empresario Daniel Vila, presidente del Grupo Uno y dueño de América TV, también confirmó que llevarán a la Justicia su rechazo a la ley "para impedir que se aplique, porque tiene varios artículos inconstitucionales", y advirtió que
"sin judicialización habrá despidos".

"Trae problemas, está mal redactada, tiene artículos repetidos, ni creo que fuera redactada por un abogado", dijo en diálogo con FM Blue.

Vila dijo que, ante una la aplicación de la nueva ley, tendrá que "bajar la persiana, pagar las indemnizaciones y despedir gente".

La provincia de San Luis prepara una acción de amparo y el ex juez de la Corte Rodolfo Barra, que prepara ese planteo, le dijo al diario La Nación que "la ley viola el artículo 32 de la Constitución, porque afecta el derecho de la provincia a legislar
sobre los medios que operan dentro de la provincia".

Sin embargo, Bulla, afirmó que en el Gobierno están "muy contentos por la aprobación" y reiteró, en línea con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que "cualquier ciudadano argentino tiene el derecho de ir a la justicia", aunque consideró "inapropiada una serie de advertencias para condicionar la libertad de los legisladores".

"En el último mes se han proferido las más distintas amenazas contra quienes apoyamos este proyecto. Los propios legisladores de la oposición, en lugar de discutir artículos del proyecto, buscaban cómo llegar a hacer un juicio por la Ley. Los juicios que se puedan hacer hay que hacerlos", sostuvo.

Además, dijo que se asistió a "una gran cantidad de solicitadas y declaraciones de la política y los medios de comunicación donde todos se vieron obligados a decir que no querían la ley de la dictadura".