La disputa planteada alrededor de la ley de medios audiovisuales llegará en menos de quince días a los tribunales: la provincia de San Luis presentará un amparo directamente ante la Corte Suprema y los titulares de licencias de canales de televisión, cables, radios y asociaciones civiles ya estudian presentar decenas de amparos y otras demandas en todo el país, señala Adrián Ventura en el diario La Nación.

A diferencia del Gobierno nacional, los especialistas consideran que las licencias son autorizaciones, que no son precarias sino que, en forma aproximadamente semejante a una concesión, confieren derechos adquiridos y otorgan al licenciatario el derecho a ser indemnizado.

"Los medios de radiodifusión son titulares de licencias que vencen dentro de varios años. Pensando en ese plazo largo, hicieron grandes inversiones para modernizar la televisión, la radio y el cableado. Nadie aceptará perderlas", explica el constitucionalista Gregorio Badeni, que al igual que otros reconocidos especialistas, entre ellos varios adminitrativistas, preparan varios de los planteos.

Pero el jefe de Gabinete, Aníbal Fernánez, fue irrespetuoso con los especialistas que opinan diferente del Gobierno: "Algunos que opinan son constitucionalistas porque toman el tren en Constitución", dijo el funcionario, en una declaración poco feliz, dicha en la propia Casa Rosada durante una conferencia de prensa convocada de apuro para anunciar que la ley de Medios ya estaba publicada en el Boletín Oficial, un sábado.

La provincia de San Luis prepara una acción de amparo. "La ley viola el artículo 32 de la Constitución, porque afecta el derecho de la provincia a legislar sobre los medios que operan dentro de la provincia. Pero, además, como lo acepta la Suprema Corte de los Estados Unidos, litigaremos en favor del derecho colectivo a la información de los habitantes de San Luis", afirmó a La Nación el ex juez de la Corte Rodolfo Barra, que prepara ese planteo.

La batalla judicial, sin embargo, será compleja y los planteos se presentarán en todo el país.

Por lo pronto, nadie puede perseguir la declaración total de inconstitucionalidad de la ley en su conjunto, sino que sólo podrá demandar contra aquella norma que lo perjudique, ya sea, por ejemplo, porque se sienta amenazado por el plazo de desinversión de un año; o porque si es titular de un canal de aire deba desprenderse de un cable; o porque si posee un cable no puede transmitir más de una señal propia.

También está en juego la restricción para trasmitir informativos de los canales de aire en los horarios centrales de los medios dispersos por todo el país o las restricciones que la ley impone a los anunciantes. Y no se descarta que pueda haber usuarios que se sientan afectados cuando adviertan que la ley les cercena su derecho a recibir información.

Es previsible que Telefónica, que tiene además de Telefé siete canales de aire en el interior, o Canal 13, que tiene cuatro canales, se puedan sentir afectados por la norma.

Pero también en muchas ciudades del interior operan otros grupos. Sólo por citar a algunos, el Grupo Uno (de Daniel Vila y José Luis Manzano), en Santa Fe y Mendoza; el grupo Gollan, en Santa Fe; el grupo Linke, en Chaco; el grupo Jenefes, en Jujuy.

También resultarán afectadas Cadena 3, con 19 radios en todo el país y decenas de emprendimientos menores que abastecen de información, con una FM, dos AM y un cable a una o dos pequeñas y remotas localidades provinciales.

Los licenciatarios guardan una fuerte reserva sobre la estrategia que tienen respecto de sus medios, pero es previsible que surgirán juicios en las principales ciudades. Según que la principal afectación provenga de la ley publicada ayer, de la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo o de un acto posterior, los amparos se irán presentando en cascada.

Pero también habrá juicios ordinarios y, en todos los casos, se presume, los licenciatarios intentarán obtener medidas cautelares.

El Gobierno, sin embargo, no se mantendrá pasivo. Diversas fuentes revelaron que un ex accionista de medios ya está armando una sociedad fantasma con un empresario del juego amigo del Gobierno para salir a comprar los medios que, esperan, saldrán a la venta.

En el frente judicial hay otro nubarrón. Este gobierno nombró a varios de los doce jueces federales en lo contencioso administrativo de primera instancia y a varios de los camaristas. Y algunos de los jueces federales del interior tienen fluidos vínculos con el Gobierno o son sólo jueces subrogantes (interinos).

Licenciatarios y abogados depositan su esperanza, principalmente, en la Corte Suprema.