Hacía un mes que había llegado a la presidencia. Néstor Kirchner tomó del brazo a un ministro y lo llevó hasta la ventana de su despacho. Le mostró una columna de piqueteros que se acercaba por la avenida Leandro Alem y le dijo: "Eso que ves ahí es el principal problema de mi gobierno. Desmontarlo es dificilísimo. Duhalde no lo pudo hacer y debió irse. Por eso jamás voy a reprimir".

Al cabo de seis años, volvió la pesadilla. La cuestión social es el desvelo principal del kirchnerismo. Apareció con la ocupación violenta de Kraft, pero no va a disiparse cuando se resuelva ese conflicto. Según la AFIP, se destruyeron 400.000 empleos en los últimos 12 meses; los estudios más conservadores calculan la pobreza en un 35%; la actividad industrial y la construcción caen hasta para el Indec; la economía está en recesión. Es comprensible que la política social del Gobierno sea puesta en tela de juicio, por primera vez. Y es posible que no pase el examen.

El caso Kraft no es un buen espejo. Hay varios gremialistas denunciados ante la justicia penal por amenazar a sus compañeros de trabajo con facas y tajearlos con cutters . Cuando la policía desalojó la planta, encontró bombas molotov, tanques con thinner , gomeras y tuercas. Por eso en la próxima audiencia del Ministerio de Trabajo, mañana, la compañía seguirá rechazando la reincorporación de los delegados que cometieron delitos comunes.

El conflicto en Kraft fue leído como una experiencia piloto por toda la dirigencia del país. Los empresarios están alarmados por la ocupación de numerosos establecimientos. En 2008, a Arcor le coparon su planta de Salto durante 20 días. Con la fábrica de pinturas Tersuave, en San Luis, pasó lo mismo hace tres meses. El ingenio San Martín del Tabacal fue tomado por militantes del Partido Obrero. Una procesadora de gas de Panamerican, en Tartagal, fue reducida por desocupados, que incendiaron dos autos en un patio. En Santa Cruz y Neuquén la violencia gremial no cesa desde hace tres meses.

Hugo Moyano y sus muchachos contemplan estas escenas con una mezcla de inquietud y expectativa: la amenaza de la izquierda es el argumento con que les han arrancado a todos los gobiernos conquistas corporativas. Moyano empezó reivindicando a los trabajadores de Kraft y se sumergió después en un sospechoso mutismo, del que regresó hace horas para denunciar que esa protesta pretende desestabilizar a la Presidenta. La CGT acaba de formar su propia organización de piqueteros, el Frente de Organizaciones Sociales Peronistas.

El temor a las críticas de izquierda llevó a Aníbal Fernández a suspender la audiencia con Vilma Martínez, la embajadora de los Estados Unidos. Simple: cuando gente que se pretende "progre" debe reprimir un brote trotskista en una multinacional norteamericana, no hay compañía más inadecuada que la de la representante del imperio. Así pensó Fernández.

Kirchner mira al trotskismo con la animadversión de cualquier peronista formado en la ortodoxia de Diego Ibáñez, jefe de su cuñado Armando Mercado, en el SUPE. Matiza ese desprecio con bastante miedo: los fantasmas de Kosteki y Santillán merodean la quinta de Olivos. Por primera vez desde su asesinato, en 2003, la policía recibió la orden de impedir un piquete, el viernes pasado, al lado de Kraft.

El Gobierno teme que estalle su política de seguridad. Pero lo que está en jaque es su política social, corroída por varios problemas estructurales. El primero es su carácter faccioso. Con tal de retener la base electoral del conurbano, Kirchner se ha convertido en esclavo de los intendentes. Ya lo traicionaron, pero él los sigue alimentando. Los $ 1500 millones para crear 100.000 puestos de trabajo se repartirán a través de las cooperativas que indiquen esos caudillejos. Para los piqueteros que no están amparados por el PJ, es una invitación a cortar calles y rutas, como está ocurriendo. El favoritismo partidario lleva en su seno el germen de la revuelta.

El segundo límite de los Kirchner es que carecen de una estrategia inteligente para enfrentar el desempleo y la pobreza. Los programas que administra Alicia Kirchner no disponen de estímulo alguno para reinsertar a los marginados en el mercado laboral. Ni siquiera pueden ser auditados por el Banco Mundial o el BID: una vez que se otorga un beneficio, se pierde de vista al beneficiario. Además, la inflación ha logrado que los subsidios ya no cubran la canasta básica.

La tercera fisura de la política social es que, al ser Estado-céntrica, se está volviendo inviable por la crisis fiscal. Vale la pena citar algunos pasajes de un estudio del presupuesto 2010 realizado por el diputado electo Alfonso Prat-Gay. De los $ 15.000 millones de ingresos adicionales que se prevén por encima del crecimiento vegetativo del PBI, 2000 serán aplicados al gasto público y sólo 1000 a la asistencia social. En cambio $ 13.000 millones irán al pago de la deuda. "Es la evidencia más contundente -dice Prat-Gay- del costo que paga el país por tener un gobierno que no está en condiciones de endeudarse en el mercado de capitales."

El presupuesto prevé también la creación de 85.000 nuevos puestos de trabajo (caen 85.000 planes Jefes y Jefas y se crean 100.000 empleos por cooperativas, 50.000 por el plan Familias y 20.000 por capacitación). Sin embargo, en los últimos 12 meses hubo 350.000 familias que cayeron debajo de la línea de la pobreza. Es decir: en su máximo esfuerzo, el Estado no puede cubrir más que al 25% de los nuevos pobres.

La composición del gasto social para 2010 esconde algunas perlas negras. Por ejemplo: los fondos para la extensión de la red de agua potable serán 3,6% menos que en 2009. Excelente noticia para el dengue. Los recursos para viviendas aumentarán 0,9%. Si la inflación es, como quiere Amado Boudou, del 8%, la suma se reducirá en 7% respecto de este año.

El financiamiento del BID y el Banco Mundial estará restringido mientras el Gobierno se siga negando a que el Fondo Monetario Internacional revise sus cuentas en los términos del artículo 4º. Boudou está ansioso por retirar esa valla. Pero Kirchner demora la orden. Quiere negociar los términos del informe y que los funcionarios del Fondo no pisen la Argentina. Una pretensión insólita: en Buenos Aires hay una delegación de ese organismo en trato permanente con los funcionarios, sobre todo con los del Banco Central.

Con una política económica que desalienta la creación de riqueza y de empleos, no hay programa social que alcance. La inversión privada está cayendo este año un 15% -aun así, Boudou promete que en 2010 se recuperará un 8%-, a pesar de lo cual el Gobierno analiza la posibilidad de prohibir los despidos. A cada rato hay novedades sobre empresas que se alejan del país. Las últimas llegaron desde Chile. Allí estuvo la semana pasada el secretario de Comercio de Barack Obama, Gary Locke, para asistir a un seminario regional de compañías norteamericanas. El caso Kraft le fue informado al detalle. En Santiago también se comentó que el grupo chileno CMPC, dueño de Papelera del Plata, compró una firma brasileña por US$ 1430 millones, con la posibilidad de desembolsar otros US$ 1500 millones. Ese proyecto estaba destinado a la Argentina, donde CMPC forestó 100.000 hectáreas. Los chilenos optaron por Brasil después de que, en mayo pasado, les bloquearon sus plantas de Wilde, Zárate y San Luis. Quienes tomaron las fábricas no fueron los trotskistas de Kraft o Tartagal. Fue Pablo Moyano, hijo de Hugo, el principal aliado de Kirchner.