La situación social superó todas las malas expectativas del Gobierno. La gota que rebalsó el vaso fue la visita de Hugo Moyano a la quinta de Olivos con noticias que no son del todo alentadoras para el Gobierno. El camionero llevó el mensaje que los Kirchner no querian escuchar: hasta fin de año el panorama social derivado de las pérdidas de puestos de trabajo traerá mayor conflictividad.

La creciente tensión social iniciada con el conflicto de Kraft puso en alerta al matrimonio Kirchner. Pero no habrá cambio de postura con respecto a las marchas y manifestaciones que surgieron en los últimos días.

"No esperen palos de nosotros", fue la frase de un secretario de Estado, de los más cercanos al ex presidente Néstor Kirchner, ayer ante LA NACION, para descartar cualquier intervención policial frente a las reiteradas manifestaciones. Con ese discurso, el Gobierno insiste en considerar una decisión de otros el operativo policial que desalojó con gases lacrimógenos y balas de goma la toma de Kraft hace una semana. Esa medida, se atajan, fue decidida por un juez y ejecutada por la policía bonaerense.

En la Casa Rosada sacan conclusiones sobre el malestar callejero. Sostienen que como el Gobierno intenta un retorno hacia los partidos de centroizquierda después de la derrota de junio pasado, los sectores de derecha se "agazaparon", en la jerga oficialista, detrás de la izquierda más radicalizada para complicar la gestión presidencial. No identifican aún claramente quiénes están detrás de lo que consideran "manifestaciones organizadas".

Alguna culpa, sostienen en Balcarce 50, la tienen los medios. "Nosotros no vamos a generar otro Kosteki y Santillán", insiste un alto funcionario para descartar medidas represivas duras. Hacía referencia a los asesinatos de dos militantes sociales durante el gobierno de Eduardo Duhalde, en 2002.

Las palabras de anteayer de Cristina Kirchner sobre la necesidad de terminar con los cortes de rutas y calles no significarán necesariamente un cambio de actitud del Gobierno, aclararon fuentes oficiales. En la Casa Rosada dijeron a LA NACION que la Presidenta había hecho una condena similar a los piquetes cuando los ruralistas cortaron rutas durante el conflicto del campo del año pasado.

Pero en los despachos oficiales agregan que no hay una decisión del Gobierno de desmantelar las protestas. Apuestan, como en otras ocasiones, al desgaste natural de los grupos sociales y militantes con la sociedad. La receta ya la aplicó el Gobierno cuando los Kirchner llegaron al poder y consiguieron desactivar las protestas sociales en la ciudad con promesas de planes sociales.

En la quinta de Olivos esperan tres meses de crisis. Según los sondeos que llegan a manos del matrimonio, septiembre, octubre y noviembre son clave para cuantificar el impacto de la crisis internacional. Kirchner suele repetir entre sus allegados que el clima social de tensión podría incluso continuar hasta fin de año. Pone todas las esperanzas en una recuperación el año próximo. En ese despegue está puesto, de hecho, su sueño presidencial para 2011.

Entre las alertas que llevó Moyano al matrimonio presidencial está el sector de la construcción, una de las áreas en las que se estancaron la creación y el mantenimiento de empleos. El reconocimiento del Indec de que se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo fue interpretado por el líder de la CGT como una señal de fuerte preocupación. Y aunque sostiene que no hubo despidos masivos, sí existe un "goteo" constante, según hizo llegar a la quinta presidencial.