Países de la Organización de Estados Americanos condenaron hoy el nuevo giro que dio la crisis en Honduras con la suspensión de garantías individuales y la negativa a dejar entrar a una misión diplomática de sus representantes, aunque el organismo llamó a persistir hasta alcanzar una solución pacífica.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, advirtió que con la restricción de derechos civiles por 45 días, el gobierno de facto estableció "una especie de estado de excepción, lo cual agrava la situación en Honduras".

"Naturalmente las posibilidades de una normalización de la situación dentro de Honduras, de una normalización con miras al restablecimiento de la constitucionalidad, por lo tanto a tener elecciones democráticas en el mes de noviembre, es un camino completamente contrario el que se ha elegido el día de ayer", advirtió Insulza.

El diplomático, sin embargo, estimó: "Esto no debe llevarnos a cambiar de rumbo, sino a persistir en la noción de que es necesario y posible alcanzar una solución pacífica al conflicto que se vive en ese país".

El representante de Brasil ante la OEA, Ruy Casaes, dijo que las nuevas acciones muestran que el gobierno de facto no está dispuesto a dialogar y consideró que la situación ha alcanzado tal punto que hoy existe una amenaza a la paz internacional.

"La comunidad internacional debe responder de manera inequívoca, de manera cortante", dijo el representante brasileño.

El presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, calificó hoy de "criminal" el Estado de Sitio decretado por el gobierno de facto y pronosticó que la medida llevará a su país "al abismo económico y político". También denunció una brutal represión, horas después que el gobierno de facto suspendiera algunas libertades civiles y allanara una radio y una estación de televisión.

Dijo que la policía asaltó en la madrugada dos medios afines a su vuelta al poder: Radio Globo y Canal 36 de televisión, y arrestó a su personal.