La Policía Metropolitana, que el gobierno porteño pondrá en las calles en las próximas semanas, contará con un cuerpo especial para actuar frente a los cortes viales y las protestas sociales que impidan u obstaculicen el flujo vehicular en la Capital Federal. Así lo informaron a LA NACION autoridades del gobierno de Mauricio Macri, que explicaron que esa división especial estará integrada por agentes de tránsito y de infantería, y que formará parte de la primera tanda de la novel policía: alrededor de 850 agentes, que entrarán en funciones en forma progresiva entre octubre y principios del año próximo.

La aparición en escena de la fuerza metropolitana está precedida por el recrudecimiento de las manifestaciones callejeras, lo que en los últimos días avivó la polémica entre la Casa Rosada y el gobierno porteño por el papel que debe jugar la policía para garantizar el libre tránsito.

Mientras el viernes próximo el primer contingente de policías locales completará la etapa inicial de su capacitación, especialistas en conflictos sociales y de tránsito empezarán de inmediato a dictar el curso de instrucción al grupo especial (cuyo número no fue aún precisado) que se dedicará, entre otras funciones, a controlar piquetes en la vía pública. Estos entrarían en funciones a principios del año próximo, cuando tengan todo el equipamiento necesario.

Mientras en los nueve meses transcurridos de 2009 suman ya 440 las actas labradas por la justicia contravencional porteña por obstrucciones en la vía pública -contra las 360 que se abrieron durante todo 2008-, Macri pretende contar con una herramienta más contundente para disuadir los cortes de calle. Hay una razón: según denunciaron fiscales y funcionarios porteños, la Policía Federal, que responde al gobierno nacional, no actúa de oficio ni tampoco obedece las instrucciones de la justicia porteña frente a estas reiteradas situaciones.

El Código Contravencional de la ciudad especifica en su artículo 78 que "quien impide u obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos es sancionado con uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o multa de $ 200 a 1000". También aclara: "El ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención. A tal fin deberá, con razonable anticipación, darse aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto al ordenamiento".

Según una alta fuente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad, Macri tiene en su despacho el llamado Plan Trienal, que detalla cómo funcionará la policía en el corto y mediano plazo, hasta 2011.

La fuerza porteña se dividirá en seis superintendencias: Seguridad, Investigaciones y Policía Científica, Planeamiento, Personal, Logística y Comunicaciones y Servicios Técnicos. La de Seguridad tendrá una Dirección General de Orden Público, que estará subdividida por el cuerpo de policía de tránsito urbano y la guardia de infantería, esta última equipada con escudos y cascos, aunque no será montada.

"Ambos cuerpos, el de tránsito y el de infantería, responderán directamente a las órdenes de fiscales y jueces con capacidad de intervenir en desalojos o despejes de calles cortadas. Es probable que por la poca cantidad de agentes, al principio deban trabajar junto con la Policía Federal", afirmaron en el gobierno.

Ayer, LA NACION consultó al jefe de gabinete porteño, Horario Rodríguez Larreta, y al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, para conocer qué actitud tomará la Policía Metropolitana frente a los piquetes, pero eligieron no hablar públicamente al respecto.

Fuentes allegadas a los funcionarios aseguraron que la intención oficial es no referirse al tema porque temen que sea tomada como una actitud desafiante hacia los que cortan las calles, y que esta situación empeore aún más en los próximos piquetes.