Néstor Kirchner repite en el Senado el ejercicio de llamadas personales a legisladores que hizo en Diputados. ¿El objetivo? presionar a gobernadores para que intervengan directamente para garantizar manos alzadas de los senadores de sus distritos a la hora de votar. Es una tarea dura, especialmente en el caso de los artículos que generan mayores cuestionamientos en la oposición y al menos reparos en la propia tropa.

La práctica de las presiones sobre los jefes provinciales no es nueva, pero se da en un contexto diferente, marcado por la tensión que provoca la ley de medios del oficialismo y por su necesidad de asegurarse, inmediatamente después, el tratamiento de varias prórrogas impositivas y del Presupuesto.

Para completar, opera en esta realidad la difícil situación financiera de las provincias: según especialistas en esta materia, dos tercios de los 24 distritos enfrentan serias dificultades. Traducido en términos políticos, se trata de un problema nacional que, al mismo tiempo, exhibe a muchos gobernadores en condiciones de vulnerabilidad, atados a un poder que, aun con la caja más comprometida, tiene la llave frente a los ahogos que empiezan a repetirse mes a mes, según analiza el diario Clarín.

La cuestión de las provincias es tratada en distintos niveles del poder kirchnerista. Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y ministros de Economía locales avanzan en estos días con un esquema que, en primer lugar, apunta a cerrar el año con ayuda financiera nacional y con "esfuerzos" de los propios distritos, según explican fuentes vinculadas a esas tratativas. Buenos Aires, por ejemplo, aprobó un aumento de impuestos cuyos efectos finales aún son tema de negociación con algunos de los sectores involucrados.

Al mismo tiempo, y una vez prolijado aquel trato, se buscará tratar en Diputados un proyecto de suspensión de la ley de Responsabilidad Fiscal, para este año y para el próximo. De ese modo, explican, cada distrito --y también la Nación-- contarían con condiciones más flexibles en el manejo presupuestario. Esto se asocia con las conversaciones para atender el financiamiento del déficit y los gastos corrientes, en especial el pago de salarios. Y para completar, según las fuentes consultadas, se anota la "decisión" de buscar un entendimiento que permita reestructurar la significativa deuda de las provincias con la Nación.

Hay un punto que no es incluido en las conversaciones que se vienen desarrollando en el nivel referido: la prórroga del impuesto al cheque. "Ese es un tema para los gobernadores y la Presidenta", dicen. Y por ahora, no hay señales de que sea considerado en el tejido de acuerdos: por el contrario, desde el poder K dejan trascender que la negociación más global está atada a mantener esa ley sin cambios.

No se trata de una cuestión menor. Tal como rige ahora, el reparto de ese impuesto está muy lejos de los parámetros de coparticipación: el 85 por ciento es para el Estado nacional, y el 15 restante para el conjunto de los distritos. La proyección del Presupuesto de 2010 traduce así esos porcentajes: 20.000 millones de pesos para uno y 3.500 millones para los otros.

El Gobierno nacional se muestra dispuesto así a jugar de hecho como un ordenador de la deuda, pero sin alterar la regla política fundamental que obliga a la negociación permanente de los jefes provinciales con Olivos.

Kirchner leyó bien por qué el bloque K del Senado se vio obligado a ampliar el tratamiento de su ley de medios en comisiones. Debió dar ese paso, después de negarlo por expresa indicación de la Presidenta, a raíz de los cuestionamientos abiertos o sugeridos en sus propias filas. Por eso, llama a legisladores y a algunos de sus jefes políticos directos. Y monitorea todo, tanto que algunos se cuidan hasta de lo que hablan.