La necesidad tiene cara de hereje.

En un giro inesperado, y ante la sequía de fondos, la Argentina se comprometió a que el FMI analice regularmente la marcha de su economía para que ésta se ajuste a los compromisos y objetivos asumidos en el marco del G20.

Así lo indica la declaración final firmada en Pittsburgh por los líderes del grupo que reúne 20 naciones desarrolladas y en vías de desarrollo, y que fue suscripta ayer por la presidenta Crisitina Kirchner.

Según la declaración, los ministros de Finanzas del Grupo, "con la asistencia del FMI", avanzarán en un proceso de "consultas mutuas" para la evaluación del "impacto colectivo" de sus políticas económicas sobre la economía mundial.

El Gobierno ha venido resistiendo a cualquier tipo de auditoría del FMI desde que canceló la deuda de la Argentina con el organismo, en 2005.

El rechazo a una auditoría regular de su economía según los términos que dispone el artículo cuarto del organismo, conspira contra las necesidades financieras de la Argentina y complica las negociaciones para regularizar las deudas con el Club de Paris y los bonistas en default.

Una calificada fuente de la delegación argentina consultada por Clarín admitió que la Argentina había asumido ese compromiso ante sus pares del G20, pero anticipó que "no suponía una obligación sobre la dirección de la política económica".

El texto del declaración final parece dirigido a garantizar entre los miembros del G20 comportamientos acordes con los compromisos asumidos en el marco de la crisis económica internacional. Hasta el momento, la gran preocupación de los países desarrollados ha girado en torno a las políticas proteccionistas, sobre todo por la aplicación de medidas para-arancelarias.

Sin embargo, ese compromiso podría tener una implicancia inesperada para la Argentina, que presenta un flanco muy vulnerable en materia de estadísticas.

En sus últimos dos informes sobre las perspectiva económicas mundiales, el FMI reconoció los números gubernamentales en materia de inflación, pero incluyó en un apartado la advertencia de que difería de los que presentan las mediciones privadas.

El Gobierno advirtió más de una vez durante esta gira de la Presidenta que la Argentina no aceptará condicionalidades en su objetivo de reparar el frente externo.

El jueves a la madrugada, de regreso de un encuentro con la ministra de Economía francesa Christine Lagarde, representante del Club de París, el ministro Amado Boudou lo puso así:

"Le dije que buscamos una solución con el Club de Paris que sea satisfactoria para los acreedores, pero sobre todo posible de cumplir y que sirva al desarrollo de la Argentina. Esperamos encontrar un camino en el que como primera medida no haya ninguna condicionalidad. Seguramente habrá algún camino que nos permita encontrar financiamiento en el tiempo. Sin duda la solución no va a ser durante este viaje".

El Gobierno pretende avanzar la semana que viene, durante la cumbre anual del FMI, en Estambul. Hasta ayer se percibía cierto rasgo de confianza en llegar a un acuerdo que evite la imposición de una auditoría del Fondo, como exigen los estatutos del Club de París, un organismo que agrupa a las principales economías desarrolladas y con el que la Argentina tiene compromisos por encima de los 6.000 millones de dólares.

Según la lectura del Gobierno, el marco es propicio para contar con cierta flexibilidad. El G-20 acaba de ser consolidado en estas horas como el espacio en el que se va a discutir la economía mundial, con lo que ratificó al pertenencia de la Argentina y el grupo de emergentes de segunda línea. Y ha abierto el debate sobre el nuevo modelo de toma de decisiones en los organismos multilaterales. "Quedó claro que la posición de los países del BRIC y el resto de los emergentes es que en el nuevo formato, la nueva participación del Fondo no puede ser imponiendo condicionalidades", insistió el ministro.

La delegación argentina abandonó Pittsburgh en momentos en que se difundía la declaración final del Grupo. No pudo saberse qué opinión de ella tenía Boudou.