La operatoria política que rodeó el desenlace del conflicto por los 157 despidos de la planta de Kraft Foods (ex Terrabusi) consistió en una fuerte presión del gobierno de Cristina Kirchner al gobernador Daniel Scioli para activar una resolución "contundente", mientras que además abrió fisuras internas en el gabinete nacional, publica La Nación.

El jefe del Gabinete, Aníbal Fernández, le había pedido a Scioli que la policía bonaerense avanzara en el operativo de desalojo de la fábrica de Pacheco. Tenían la información de que la Justicia ordenaría el desalojo. Lo hizo el juez de garantías Ricardo Costa.

"El gobierno provincial sólo cumplió la orden del juez", se atajaron en los gobiernos nacional y bonaerense. Nadie quería ser acusado de represión. "Hay tantas órdenes de desalojo que no se cumplen. Sabían que la habría y en este caso había decisión política del Gobierno de cortar el tema de raíz. Se lo empujó a Scioli", confió a LA NACION una fuente del oficialismo. En la Casa Rosada y en La Plata lo niegan.

En declaraciones a Radio Continental, Aníbal Fernández apuró a Scioli: "Charlé con el gobernador para pedirle que fuéramos en esto un poquito más contundentes. El fin tiene que ponerse y a corto plazo. No tiene por qué haber represión ni cosa por el estilo".

El orden en la ruta 9 depende de la Nación. Por eso, Aníbal Fernández dispuso que la Gendarmería, que depende del ministro de Justicia, Julio Alak, impidiera un nuevo caos de tránsito por otro corte de ruta de los trabajadores de Kraft. Como ayer la ruta estaba despejada, la tarea de la Gendarmería fue preventiva. "Es que si un incidente ocurría en la ruta 9 el costo lo tenía Alak", se dijo.
Otra vara

Al mismo tiempo, Fernández ratificó que en la Capital los cortes de calles -y el caos de tránsito- no serían desalojados por la fuerza. Cristina Kirchner no quiere riesgos en la vía pública y en todo caso, especula, el malestar de los porteños daña más en lo político al jefe del gobierno Mauricio Macri que a la Casa Rosada.

Sobre los bloqueos porteños, Aníbal Fernández aseguró: "La Policía Federal está presente en todos lados. Si el objetivo es ir y pegarle a la gente, no seguramente no". Y agregó: "Si tenemos que atentar contra la vida de los otros, no lo vamos a hacer".

Sobre la presión de Fernández a Scioli, en La Plata también aseguraron que el conflicto laboral fue radicado en el Ministerio de Trabajo de Carlos Tomada, aunque su par provincial, Oscar Cuartango, lo asistió. Sorprendieron las declaraciones de Fernández y se interpretó como un intento de deslindar responsabilidades. De hecho, el acuerdo se firmó ayer entre Cuartango, los trabajadores, la empresa, y los viceministros Noemí Rial, segunda de Tomada, y el bonaerense, Carlos Molina.

En forma paralela estalló un conflicto en el gabinete. El ministro de Planificación, Julio De Vido, cercano al jefe de la CGT, Hugo Moyano, manifestó hacia adentro su malestar con Tomada por considerar que éste dejó que activistas de izquierda díscolos, como Ramón Bogado, que lidera la comisión interna de Kraft del gremio de la alimentación, coparan el conflicto. En Trabajo negaron el malestar de De Vido. "Las relaciones son excelentes y Tomada está en permanente contacto con De Vido y está en los Estados Unidos con la Presidenta", señaló un allegado.

"El Gobierno privilegia la negociación antes que la represión, pero si no hay voluntad de negociar ya el conflicto deja de ser laboral y es judicial", dijo la fuente.