Diputados de la UCR, la Coalición Cívica y Pro analizan la posibilidad de impugnar ante la justicia federal el trámite legislativo del proyecto de ley de radiodifusión en la Cámara de Diputados.

En una reunión secreta que contó con la participación de las diputadas nacionales por la Capital Federal Silvana Giúdici (UCR), Patricia Bullrich (CC) y Paula Bertol (Pro), se consultó al constitucionalista Félix Loñ, entre otros.

En este snetido, el jurista fue consultado acerca de los escenarios posibles y los fundamentos para cuestionar en la Justicia el tratamiento de la iniciativa en la Cámara baja. "Se analizó la posibilidad de hacer, eventualmente, alguna presentación", afirmó uno de los asistentes a la reunión.

Entre las variables analizadas, la que más fuerza cobraría por estas horas es la de impugnar el trámite legislativo por denegación de sus funciones a los legisladores por haberles impedido conocer en profundidad el texto del dictamen llevado por el oficialismo al recinto.

Es que entre la presentación del dictamen elaborado por tres comisiones y el inicio de la sesión en Diputados, el miércoles último, apenas transcurrieron menos de doce horas. "Se estaría ante un vicio de consentimiento, porque es imposible de poder enterarse de un dictamen en ese tiempo", explicaron a LA NACION los voceros consultados.

La reunión se realizó en los despachos de uno de los edificios anexos de la Cámara de Diputados y la estrategia de impugnar el trámite legislativo contaría con el aval de las conducciones de las tres bancadas a las que representan las legisladores participantes.

También estuvieron en debate la posibilidad de apelar a la figura de falsedad ideológica y la de cuestionar el trámite por el incumplimiento en los siete días reglamentarios que deben mediar entre la firma del dictamen y su tratamiento en el recinto, pero fueron descartadas.

Otro de los tópicos discutidos es la posibilidad de avanzar sobre el artículo 161 del proyecto aprobado por la Cámara baja.

Ese aspecto puntual es el que obliga a los medios de comunicación a desprenderse en el plazo de un año de todos sus activos para adecuarse a una futura eventual normativa.

Esto podría abrir la puerta a una eventual modificación que obligaría al proyecto a regresar a la Cámara baja en segunda revisión, lo que prolongaría los plazos previstos originalmente por el oficialismo.

Esto comenzará a develarse en las próximas horas. Por lo pronto, tras discutir este mediodía cuál será el trámite legislativo en el Senado (como se informa por separado), el oficialismo pretende definir por la tarde la lista de invitados que expondrán sobre la iniciativa a partir del jueves.

Para muchos legisladores, esa cláusula podría tener características confiscatorias, ya que al fijar un plazo para desprenderse de sus activos, pondría a las empresas en una situación de desventaja ante un eventual comprador.

Ayer, un legislador oficialista avaló esta teoría, aunque en otros términos. "Tengo mis dudas, ya que la cláusula de desinversión podría generar juicios contra el Estado si los perjudicados logran demostrar que se vieron obligados a vender a precio vil", afirmó.