Ahora que Julio Cobos ejerce la Presidencia (es decir, está neutralizado), se prevé que antes del mediodía de mañana el proyecto de ley de servicios audiovisuales llegue al Senado. El Gobierno no teme grandes sobresaltos en esa cámara. Aun así, habrá varios cambios de estrategia en el tratamiento de ese texto. Ni el oficialismo ni la industria audiovisual ni la oposición política se comportarán igual que en Diputados. Tal vez el giro más notorio lo protagonizarán los grandes conglomerados de medios, sobre todo el Grupo Clarín, principal afectado.

Hasta ahora, las empresas han abordado la iniciativa de los Kirchner como un gran desafío político y apostaron a voltear el proyecto. La experiencia revelaría que el enfoque es erróneo. Basta asomarse a lo que pasaba en el Savoy mientras los diputados trataban la iniciativa oficial. En un sector de ese hotel cercano al Congreso, instalaron su comando de operaciones los principales directivos del negocio de la TV por cable, acompañados por otros tantos dirigentes políticos. Era una romería. Al frente de las gestiones, dos expertos en diligencias parlamentarias: Eduardo Duhalde y José Luis Manzano (Supercanal). Los resultados fueron escasísimos. La propuesta de vaciar el recinto era demasiado pretenciosa para los kirchneristas que fueron contactados desde esos salones.

En la próxima etapa, las compañías intentarán convencer a los senadores del oficialismo de las debilidades de algunos artículos. Este cambio de enfoque viene aconsejado no sólo por el fracaso ocurrido en Diputados. En esa cámara, una de las empresas del holding Clarín (Torneos y Competencias) consiguió corregir tres cláusulas aberrantes del texto, con sólo exponer sus argumentos ante diputados de centroizquierda. A la luz de ese modesto antecedente, ahora los ejecutivos de las cadenas de radio y TV intentarán salvar lo salvable.

La prioridad para ellos es alargar el plazo previsto para que las empresas se desprendan de los activos que exceden el cupo que marca la ley. El objetivo mínimo es pasarlo de un año a dos años y medio. La extensión esconde un pronóstico electoral. Las firmas pretenden que, cuando se llegue a la instancia de vender canales o radios, no sean los Kirchner los que conduzcan el proceso. Apuestan a que después de 2011 en la Casa Rosada haya otras autoridades.

A la oposición le resulta simpática esa aspiración. La principal debilidad del intento desmonopolizador del proyecto oficial es que lo lleva adelante un grupo político que no ha tenido reparo alguno en poner el poder regulatorio del Estado al servicio de empresarios amigos. La posibilidad de que haya desde ahora un pelotón de hombres de negocios cercanos a Kirchner dispuestos a quedarse con las emisoras que el propio Kirchner obliga a vender es el principal motivo de la prórroga. Empresas y opositores políticos coinciden en la ventaja de modificar, pues, el plazo.

A la UCR esta estrategia le permitiría disimular su crisis con el socialismo. El principal esfuerzo de Ernesto Sanz, presidente del bloque, y de Gerardo Morales, presidente del partido, apunta a conseguir que Rubén Giustiniani vote en contra de la ley, es decir, al revés que sus compañeros de partido en la Cámara de Diputados. Tal vez no lo consigan. Giustiniani es el presidente del Partido Socialista nacional. Está sometido a la presión del gobernador Hermes Binner -a quien le atribuyen la indicación de votar con el kirchnerismo- y también de numerosos dirigentes socialistas que militan en el cooperativismo y se ilusionan con el espacio que el proyecto oficial les otorgará.

Sería un error reducir la crisis entre la UCR y el socialismo al voto de Giustiniani. La alianza entre ambos partidos estalló el viernes pasado en Santa Fe, adonde Morales viajó para apagar el incendio. Allí hay comicios para intendentes y concejales el domingo próximo. Los candidatos radicales amenazaron con la ruptura, indignados porque el voto socialista en Diputados le permite a Reutemann endilgar a Binner y sus aliados un contubernio con los Kirchner.

Efectos santafecinos
La imagen de la Presidenta y su esposo es tan mala en Santa Fe que las distintas fuerzas juegan con ella a la mancha venenosa. ¿Qué efectos tendrá en la elección la conducta de Binner? ¿Deberá Giustiniani tomar distancia del Gobierno antes de que los santafecinos vayan a las urnas?

A Reutemann, en tanto, la incógnita de Giustiniani le permite vengarse de las acusaciones de kirchnerización que soportó cuando Roxana Latorre firmó el dictamen sobre legislación delegada. Con Latorre circulan versiones psicodélicas. ¿Realizó un viaje a Catamarca? ¿Se encontró allá con Armando Mercado, ex cuñado de Kirchner? ¿Intervino en las negociaciones una ex senadora tucumana, célebre por su pragmatismo? Reutemann no presta atención a estas habladurías. Se concentra en Giustiniani.

Si no consiguen que ese senador socialista contradiga a los diputados de su fuerza, Sanz y Morales pretenden, por lo menos, que modifique el plazo de un año para "desmonopolizar". En ese punto, los diputados socialistas no votaron con los del Gobierno. Por lo tanto, el tratamiento, en particular, de cada artículo de la norma, es importantísimo para la oposición.

El oficialismo también modificará su estrategia. Los senadores se enorgullecen de cultivar modales más sofisticados que los de la Cámara baja. José Pampuro, por ejemplo, se comprometió remitir el proyecto de ley a una comisión presidida por la UCR. Sería la de Derechos y Garantías, que encabeza Luis Petcoff Naidenoff (UCR-Formosa). Desde esa posición, la UCR pretende convencer a Miguel Pichetto, jefe de la bancada peronista, de abrir un debate sobre la administración de la TV pública, invitando a algún ejecutivo de la BBC, la RAI, Televisión Española o la Federal Communications Commission de EE.UU.. El problema es cómo explicar a esos extranjeros que deben viajar de inmediato, ya que la Argentina decidió liquidar en semanas una compleja reforma de medios.

En el kirchnerismo hay más grietas. La Legislatura de Santiago del Estero criticó el proyecto oficial por restringir el federalismo. Los diputados de esa provincia votaron en contra del plazo de un año para "desmonopolizar". ¿Qué harán sus senadores?

Numerosos son los indicios de que la ley volverá a Diputados por las modificaciones que introduzca el Senado. Agustín Rossi, jefe del oficialismo en esa cámara, se encoge de hombros ante esa posibilidad. "Y bueno? Que la manden y la aprobamos con los cambios que realicen. No creo que modifiquen el núcleo que le interesa a la Presidenta, que es el capítulo antimonopólico", dice.

Hay un último aspecto de esta batalla que tal vez registre un giro: la presión que ejerzan los medios locales sobre sus legisladores. Muchos opinan que, entre los diputados, esa táctica fue contraproducente. Tal vez sea cierto. El tratamiento agresivo que en algunas provincias recibieron los kirchneristas terminó por reforzar una idea muy extendida entre dirigentes de todos los partidos: la que sostiene que, en su inevitable tensión con la clase política, la prensa no facilita la vida democrática, sino que la condiciona y la limita. Es esta la cuestión que, en su urgencia, el oficialismo impide discutir.