Guillermo Moreno, el secretario de Comercio, podrá dejar a los frigoríficos fuera del mejor negocio que tiene el sector, la Cuota Hilton de cortes caros que se exportan a Europa.

Ese es uno de los rasgos más llamativos de los nuevos parámetros de distribución de ese millonario negocio, fijados el viernes por la ONCCA. Pero hay otro dato curioso: el área de Agricultura ya no tendrá ninguna injerencia en las decisiones.

En una resolución dictada con casi tres meses de atraso (el ciclo comercial Hilton comienza en julio de cada año), la ONCCA dispuso los criterios para repartir un negocio de US$ 350 millones anuales entre la industria frigorífica. La norma cumplió con lo que había anunciado la presidenta Cristina Kirchner, y desde ahora los exportadores tendrán que postularse a un concurso público para saber cuánto les toca.

En la composición del jurado que tendrá la tarea de evaluar a los frigoríficos aparece la primera sorpresa: la Secretaría de Comercio Interior tendrá una de las cinco sillas. Las otras cuatro corresponderán a la ONCCA, a la ANSES, a la AFIP y al Ministerio de la Producción. Es decir que, si finalmente se concreta la creación del Ministerio de Agricultura, este área no tendría posibilidad alguna de intervenir en el reparto de la Hilton, pese a la importancia de este cuota para la ganadería.

Pese a que se trata de una cuota de exportación, Moreno podrá además impugnar a los postulantes si considera que no cumplieron con el abastecimiento de carne al mercado doméstico ni respetaron los precios "sugeridos". Esto habilita un amplio margen para la discrecionalidad, ya que desde hace muchos meses que la ONCCA no publica los volúmenes de faena por establecimiento. Es decir, los posibles adjudicatarios se beneficiarán a partir de una información que permanece oculta y solo conocen muy pocos funcionarios.

La situación originó una primera denuncia en lo que sería una escalada jurídica. El titular de la Cámara de la Industria de la Carne (CICCRA), Miguel Schiariti, la elevó al jefe de la oficina anticorrupción, Julio Vitobello, por presunto incumplimiento del decreto 1172/03, que Néstor Kirchner firmó justamente para facilitar el acceso a la información pública.