La ley de medios contiene normas claramente autoritarias.

Algunas, son muy conocidas.

Por ejemplo, la prohibición de que una empresa sea titular, al mismo tiempo, de un canal de aire y de una empresa de cable. Esa prohibición no existe en otros países y no hay ningún motivo que la justifique porque los cables no usan espectro radioeléctrico. Es decir, no usan un bien escaso.

Lo mismo ocurre con la cantidad de señales propias que puede transportar un cable: no hay motivo alguno para que sólo se permita que un cable (por ejemplo, Cablevisión o Telecentro) pueda transportar sólo una señal propia (como TN o Canal 26). Hay otros caminos para fomentar la competencia.

Las normas son tan irracionales que son abiertamente inconstitucionales y dispararán muchas demandas judiciales.

Pero, además, de aplicarse, corren serios riesgos de generar desempleo, como ya lo advirtieron algunos gerentes de distintas empresas audiovisuales.

Pero también hay vicios menos evidentes, pero igualmente graves.

Veamos uno de los más groseros.

La Autoridad de Aplicación, el nuevo Comfer, estará bajo la influencia, directa o indirecta, del Poder Ejecutivo y, en menor medida, de los gobernadores provinciales. Así, el organismo rector de la radiodifusión quedará al alcance del látigo del Príncipe.

Pero, ¿mejoraría algo si ese nuevo Comfer estuviese bajo el poder de la oposición, por ejemplo? No, no mejoraría nada. La libertad de expresión y la libertad de quienes la ejercen en forma protagónica, medios y periodistas, requiere que esté lejos del alcance de todo el sistema político, sea el Poder Ejecutivo, gobernadores u oposición.

Sólo así la prensa puede ser libre. Ese es el verdadero sentido del artículo 32 de la Constitución, que prohíbe dictar leyes que restrinjan la libertad de expresión. Todo el sistema de libertad de expresión y medios, para poder ejercer la tarea de controlar al poder político, debe estar fuera del alcance del poder político.