Las alianzas que tejió el kirchnerismo para aprobar en Diputados la Ley de Medios todavía siembra sospechas.

Uno de los partidos señalados es el Socialista, ya que nueve de los diez diputados del PS votaron a favor del proyecto K de medios, cuando cinco días antes se consideraba "inaceptable" a la iniciativa.

De todas maneras, el cambio de postura fue defendido por el diputado Roy Cortina: "El kirchnerismo modificó su posición al retirar del proyecto el acceso de las telefónicas al negocio de los medios; esto era lo que pedíamos; el socialismo no cambió su postura". Laura Sesma, que votó en soledad contra el proyecto, discrepó con su compañero de banca: "Los cambios no alcanzan. Lejos de mejorar el pluralismo, creo que el objetivo del Gobierno es cooptar algunas voces que hoy le son opositoras. No creo en las buenas intenciones del gobierno"", afirmó.

Desde el peronismo santafesino, el PS recibió las críticas más duras: "El socialismo de Santa Fe ya ha venido mostrando una serie de actitudes de aproximación al kirchnerismo y lo del miércoles (por la sesión de anteayer) fue una demostración de ello", apuntó el diputado Jorge Obeid, la voz de Carlos Reutemann en la Cámara Baja. Y fue también desde el PJ de esa provincia donde se especuló sobre la existencia de un acuerdo "sellado entre los socialistas y kirchneristas para que Santa Fe cuente con un canal televisivo y una radio provincial manejada desde el estado santafesino". Y señalan al jefe de los diputados K, el rosarino Agustín Rossi, como el gestor del acercamiento. Para la diputada provincial del PJ, Alejandra Vucasovich, el voto positivo socialista "dio por tierra un supuesto acuerdo poselectoral entre el Lole y el matrimonio presidencial denunciado por los socialistas".

Un encumbrado diputado radical, relativizó esa versión, pero afirmó haber mantenido conversaciones con socialistas, en la que confesaron que votaban "con la nariz tapada". Para este diputado "más que una radio o un canal hay una cuestión de gobernabilidad". Y recordó que "pronto se inicia la discusión del presupuesto y las provincias se vuelven vulnerables en su necesidad de recursos".

Para Sesma, "el proyecto oficial no modificó la influencia del Ejecutivo en la autoridad de aplicación, ni regula la pauta oficial, ni le sacó, también al Ejecutivo, la potestad para decidir sobre licencias en los grandes centros urbanos".