Dice el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación: "Producidos los dictámenes de las comisiones, serán impresos [...]. Una vez impresos, se los distribuirá [...], se pondrán a disposición de la prensa y quedarán en observación durante siete días hábiles". Esta es la regla principal que violaron los diputados kirchneristas en el tratamiento de la ley de servicios audiovisuales.

La cláusula busca que la elaboración de las leyes tenga un carácter público. Que la ciudadanía, a través del periodismo, pueda controlar el trámite de las normas que la van a regir.

La transgresión de ese mandamiento en el caso de una ley que diseña el sistema de medios de comunicación tiene un sentido metafórico más denso que el de un mero incumplimiento procesal: el nuevo régimen con el que se quiere mejorar la calidad de la información nace bajo el signo del ocultamiento de la información. La premura no es una desprolijidad. Es un síntoma.

Sin querer, el diputado Gerónimo Vargas Aignasse (Frente para la Victoria-Tucumán) explicó la razón de la urgencia. Para justificar que la sesión comenzó cuando ya se había agotado el tiempo reglamentario, Vargas Aignasse propuso: "Imagínense si este Congreso tuviera que declarar la guerra y le dijera a la gente: señores, cayó la sesión porque algunos legisladores llegaron quince minutos tarde". Vargas Aignasse le puso nombre a lo que está sucediendo: es una guerra contra los medios de comunicación privados, cuya existencia es percibida por un amplio sector de la clase política como una restricción a la democracia.

Por esta concepción se obliga a los medios "monopólicos" a rematar algunas de sus empresas antes de que caduquen las licencias que les concedió el actual gobierno. "Ni Chávez en su conflicto con RCTV fue tan lejos", comparó la oficialista Graciela Camaño. De nuevo la urgencia. En este caso, en beneficio de eventuales compradores cuya identidad tal vez el Gobierno conozca.

La cultura parlamentaria del Senado impondrá otro ritmo. Julio Cobos, que estará en ejercicio de la Presidencia cuando se trate la ley en esa cámara, será reemplazado por José Pampuro. Como presidente provisional, Pampuro acordó con Cobos y el resto de la oposición que el proyecto sea girado a cinco comisiones (Presupuesto y Hacienda, Libertad de Expresión y Comunicación, Asuntos Constitucionales, Derechos y Garantías, y Educación y Cultura).

Es posible que mejoren los modales, pero no el contenido. Según el recuento que anoche se realizaba entre los senadores, el Gobierno tendría el número suficiente para aprobar la norma. Están en duda, es cierto, los votos de los kirchneristas Guillermo Jenefes, Silvia Giusti, Horacio Lores y Ramón Saadi. Pero el oficialismo podría contar, como se anticipó en Diputados, con la adhesión del socialista Rubén Giustiniani.

El apoyo del socialismo fue ayer una de las novedades más festejadas en Olivos. También la última demostración de lo invertebrada que está la oposición en la Argentina. Reunidos anteayer en su Comité Nacional, los radicales quedaron estupefactos ante la decisión de sus socios en el Acuerdo Cívico y Social. Tal vez no haya que encontrar un pacto negro entre la Casa Rosada y el gobernador Hermes Binner para explicar el voto socialista. Los diputados de ese partido se cansaron de presentar iniciativas que, en lo esencial, concuerdan con la que se está discutiendo. La izquierda argentina tiene una confianza ciega en el rol pedagógico que debe ejercer el Estado sobre la sociedad. También le resulta atractivo que las empresas comerciales de comunicación cedan su espacio en el espectro a sindicatos, organismos de derechos humanos, pueblos originarios o cualquier otra entidad de bien público. La democracia es contradictoria con el mercado.

La ley de los Kirchner es, para quienes piensan de esa manera, una juguetería. No sólo distribuye el espacio mediático entre las ONG. Además, adorna muchos artículos con la bibliografía que se consume en las facultades de Ciencias Sociales. Fue delicioso escuchar en el recinto de Diputados referencias a teóricos del lenguaje, la comunicación y la política, como Foucault, Bourdieu, Mc Luhan, Sartori, Chomsky o Umberto Eco. Eso sí, nadie se sintió obligado a aportar alguna prueba empírica o estadística para justificar sus afirmaciones. A Bourdieu no le hubiera gustado.

La pasión por las citas deja ver el corazón del proyecto que comenzará a tratarse la semana que viene en el Senado. En su articulado anida el sueño de modelar una sociedad a imagen y semejanza de la bibliografía. El texto se debe a las plumas de los profesores Luis Lázzaro, Damián Loretti y Martín Becerra, inspiradores del titular del Comfer, Gabriel Mariotto. Sin el didáctico auxilio de estos académicos es posible que Agustín Rossi no hubiera conseguido los votos de la centroizquierda para aprobar la ley. Ellos se cobraron su aporte con una conquista corporativa: las facultades de Ciencias de la Comunicación tendrán un lugar principal en los órganos de control.

Sin embargo, no todos los acompañantes del kirchnerismo se inspiraron en el espíritu científico. Claudio Lozano cumplió una vez más con sus compromisos con la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA). Es lógico: la ley abre a los sindicatos la puerta de las empresas al darles una butaca en los organismos de fiscalización. Además, en adelante, para conseguir una licencia, no habrá que tener cuentas pendientes con los gremios. No termina aquí el atractivo. Tanto en la CGT como en la CTA piensan cobrarse la solidaridad con el Gobierno con varias de licencias de radio y TV. ¿Acaso no son entidades sin fines de lucro? Un multimedios sindical: la secreta vocación radiodifusora de Hugo Moyano.

Para homenajear a sus amigos de la CTA, Lozano debió hacerle dar una vuelta carnero a Pino Solanas, su principal aliado, quien venía condenando la propuesta oficial. Le llevó una tarde. Solanas demostró que su espalda todavía está flexible y bendijo el proyecto. Eso sí, descolocó a Miguel Bonasso, aspirante a encabezar su lista porteña en las próximas elecciones, quien para no enojar al cineasta había decidido abstenerse. Curiosa prescindencia de un combativo ante una ley que regula su profesión.

Para conseguir estas adhesiones, Kirchner tuvo que entregar una obsesión. Ni Eco ni Chomsky ni Foucault juntos lograron que la izquierda admitiera que las telefónicas se transformaran en operadoras de TV por cable. Kirchner aspira a que Telecom quede en manos de Ernesto Gutiérrez y Eduardo Eurnekian, asociados a la familia Werthein. La empresa sería el corazón de un multimedios amigo. Ese proyecto abreva en la misma fuente que el estatismo izquierdizante: el prejuicio de que las sociedades son susceptibles de ser controladas por los medios de comunicación. No en vano el programa político del canal del ahorrativo Rudi Ulloa, en Río Gallegos, se llama El ojo del amo. Al kirchnerismo se le puede reprochar cualquier pecado menos la hipocresía.