La Cámara de Diputados logró aprobar esta madrugada y giró al Senado la norma oficial
para una nueva ley de Radiodifusión, luego de que el Frente para la Victoria consiguiera el respaldo de aliados y la centroizquierda, en un recinto sin presencia opositora.

Con 147 votos a favor, 4 negativos y 1 abstención -y 104 ausentes-, el oficialismo cumplió con el cronograma acelerado de tratamiento que impulsa la Casa Rosada para el proyecto, que ahora continuará su rumbo en el Senado.

"Pido disculpas si violentamos algunas formas, pero en estas semanas hubo presiones, amenazas, mal uso de los medios y operaciones de prensa. Hay y va a seguir habiendo operaciones y el tiempo no era un valor inocuo", subrayó el jefe del bloque del
FpV, Agustín Rossi.

Al cerrar el debate que se extendió por catorce horas, el santafesino apuntó duro contra los diputados de la oposición que no participaron de la votación, y consideró que esa estrategia fue "un gran error".

"Les aconsejo que no pierdan el tiempo en la Justicia, porque siempre que van a quejarse les va mal", enfatizó Rossi, en referencia a la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y el PJ disidente, que se retiraron del debate varias horas antes de la
definión.

El resultado a favor incluyó las adhesiones del Encuentro Popular y Social de Ariel Basteiro -también asistió Jorge Rivas-, el Sí de Eduardo Macaluse, el Frente Cívico de Santiago, De la Concertación, la Concertación-FORJA, el Proyecto Progresista, el
Partido Nuevo y el Renovador de Salta.

El Socialismo también se inclinó a favor en general de la medida del Poder Ejecutivo -nueve de sus diez integrantes-, pese a que había anunciado la semana pasada que iría con un dictamen propio, en contra de la letra oficial.

Los monobloques Guardia Peronista, Dignidad Peronista, Movimiento Independiente, y el Proyecto Sur de Claudio Lozano -que finalmente definió apoyar la norma en general- también dieron su aval a la medida que impulsa Cristina Kirchner.

La mayor parte de los bloques opositores se retiró en forma anticipada del debate, luego de calificar de "inconstitucional" el tratamiento de la iniciativa.

"Decidimos hacer lo que hacemos siempre cuando es la oposición la que cita a una sesión especial y no tiene el quórum: discutimos, debatimos y no votamos", expresó el jefe del bloque radical, Oscar Aguad, en una conferencia de prensa que dio junto a otros diputados de la UCR y a legisladores de Unión-PRO.

Aguad, junto al jefe del bloque del PRO, Federico Pinedo, la radical Silvana Giúdici (titular de la Comisión de Libertad de Expresión) y varios de los principales referentes de los distintos sectores del peronismo disidente, describió como "inconstitucional" tanto al proyecto como al trámite que le dio el kirchnerismo.

Más tarde, y luego de un debate interno, también abandonó el recinto el bloque de la Coalición Cívica. "Esta es una decisión de toda la oposición, que marca un compromiso", explicó el peronista disidente Francisco De Narváez.

"Se ha coartado la libertad para ejercer la opinión sobre esta ley cuando el despacho de la mayoría fue presentado a última hora de la noche sin ninguna posibilidad de que la oposición pudiera leerlo o criticarlo. El kirchnerismo tuvo que habilitar en horario extraordinario la mesa de entradas (para poder "meter" para hoy el dictamen de comisión en el recinto). Todo esto se hace en violación de las normas de funcionamiento de la Cámara: el reglamento establece que una vez que se logra dictamen de la mayoría, ese dictamen debe ser puesto a disposición de los diputados y la prensa durante siete días. Se obviaron los siete días y, como en una carrera contra el destino, en 24 horas, en una sesión especial se quiere aprobar esta ley. En estas condiciones precarias, impugnamos el procedimiento que ha seguido el oficialismo", resumió el jefe del bloque de la UCR.

Los legisladores opositores se quejaron de que también hoy "se ha cometido una seria irregularidad" debido a que "es práctica parlamentaria que si a los 30 minutos (de una sesión especial, como la de hoy) no se obtuvo el quórum, la sesión se cayó. Esta sesión empezó una hora y media después". En esa línea, Pinedo sostuvo que si el proyecto llega al Senado éste debería devolverlo a la Cámara baja "porque no se cumplieron los reglamentos". Además, insistió: "Esta es una ley diseñada para que los Kirchner pongan los dueños de los medios para los próximos 20 años. No hay nada más importante que la soberanía del pueblo y su derecho a criticar a los gobernantes y eso es lo que está en juego. No tiene sentido este apuro".

El debate comenzó con una lluvia de planteos opositores por distintas irregularidades. Luego, con matices, los legisladores coincidieron en criticar el diseño de la autoridad de aplicación propuesta por el proyecto y los peligros de manejo discrecional del kirchnerismo en el otorgamiento de permisos y licencias.

En su exposición como presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, la radical Silvana Giúdici sostuvo que "no puede legislarse en contra de ese derecho básico" y planteó que la interpretación que hace el Poder Ejecutivo del proyecto que impulsa "es errónea y parcial". "El periodismo es un contrapoder", dijo la diputada, que afirmó que la prensa es "un poder más de la República" por lo que se necesita lograr un equilibrio con "el resto de los poderes".

También se escucharon fuertes cuestionamientos del ex kirchnerista Miguel Bonasso, quien presentó un dictamen de minoría; de Fernando Iglesias, de la Coalición Cívica; de la cobista Laura Montero; y de los peronistas disidentes Jorge Sarghini y Luis Lusquiños.

Bonasso insistió en que el Parlamento debe tener "el control de la Autoridad de Aplicación". Y si bien consideró "saludable" que la presidenta Cristina Kirchner haya sacado del proyecto el artículo que permitía a las telefónicas ofrecer TV por cable y que le hubiese "gustado venir y votarla con las dos manos", la ley que promueve el oficialismo no le satisface.

Otras de las críticas opositoras tuvieron como blanco la firma del dictamen en el plenario de comisiones, teñida de escándalo anoche. Tanto Patricia Bullrich como Adrián Pérez, ambos de la Coalición Cívica, pidieron mociones de privilegio para que el asunto volviera a las comisiones. "Ha habido aquí un atropello. No hemos podido contar con el texto. Vengo al recinto sin conocer este texto. Pido que el proyecto vuelva a su cauce normal y tengamos los tiempos del debate", expresó Bullrich. Las mociones de privilegio, sobre todo de la oposición, se sucedieron durante dos horas y recién pasadas las 13.30 comenzaron las exposiciones.

Por el lado kirchnerista, el primero en hablar fue el titular de la comisión de Comunicaciones, Manuel Baladrón, quien hizo una extensa defensa no sólo del proyecto K sino también del trámite administrativo. También habló, en plena discusión sobre la legitimidad de la sesión, el kirchnerista mendocino Héctor Alvaro, quien usó un argumento llamativo para defender el proyecto: sostuvo que la culpa de que "la gente nos vea como vagos" la tienen "los señores que actúan con impunidad por ser propietarios de medios".

"Hemos cumplido con todos los trámites y los procedimientos que indica el reglamento de la Cámara con absoluta transparencia", aseguró el titular de la bancada K, Agustín Rossi, al referirse a la firma del dictamen de las comisiones de Comunicaciones, Presupuesto y Libertad de Expresión, ocurrido anoche, cuando los diputados de la UCR y el PRO se retiraron con la denuncia de que no había quórum para poner a la firma el dictamen.

Más allá de las fuertes denuncias de irregularidades en el proceso administrativo, el kirchnerismo ofreció ayer cambios al proyecto original, algunos de fondo y la mayoría sólo cosméticos, a la caza de los votos necesarios de algunos grupos de centroizquierda. Y hubo más polémica.

El punto de conflicto principal con las modificaciones es el de la conformación de la autoridad de aplicación que reemplazará al Comfer. Se mantiene en la órbita del Poder Ejecutivo, como en el texto enviado por Cristina Kirchner al Congreso, pero además el Gobierno estaría en condiciones de armar una mayoría afín con cinco de los siete miembros del organismo, todos con mandato por cuatro años.

La autoridad que regulará el funcionamiento de los medios tendrá 2 representantes del Ejecutivo (uno de ellos será su presidente), 3 del Parlamento (de la primera, segunda y tercera minorías) y 2 del Consejo Federal (uno debe ser universitario) que cumplirá funciones de asesoramiento y estará dominado por los gobernadores.

Las designaciones deben contar con el aval del Gobierno. Y tendrán vigencia hasta 2013; es decir, mucho más allá del 2011, cuando el kirchnerismo puede abandonar la Casa Rosada.