Todas las obras sociales del país deberán informar al Gobierno sobre los tratamientos para enfermedades oncológicas, hemofilia y SIDA que dieron a sus afiliados desde el 1º de enero de 2006 hasta la fecha.

La obligación se desprende de la resolución 934 que se publica hoy en el Boletín Oficial. La norma indica que "las irregularidades trascendieron públicamente acerca de la provisión de determinados medicamentos hacen necesario contar con información puntual y específica respecto del desarrollo de los tratamientos que las Obras Sociales han venido dando a los beneficiarios afectados" por esas enfermedades.

Por ello, establece que las obras sociales deberán remitir un informe detallado a la Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo de Ricardo Bellagio, antes del 30 de septiembre.

El listado que se requiere deberá incluir el detalle de los tratamientos por enfermedades oncológicas, hemofilia y el virus HIV sin identificar a los pacientes que los recibieron.