Tras introducir a último momento más de 200 modificaciones en el texto original, el oficialismo someterá hoy a debate su proyecto de radiodifusión en sesión maratónica de la Cámara de Diputados.

Para ello se aseguró el apoyo de buena parte de la centroizquierda, mientras que la oposición, indignada, cuestionó la celeridad del trámite y denunció que, de sancionarse la nueva ley, el Gobierno ejercerá un fuerte control sobre los medios de comunicación.

Los cambios incluyen la anunciada prohibición a las telefónicas para distribuir TV por cable y una ampliación del órgano de aplicación de la ley.

Pero se mantienen los artículos que obligan a los multimedios a desprenderse de empresas en un plazo de un año, y otros puntos muy cuestionados por la oposición y por la industria audiovisual.

El oficialismo apuraba esta madrugada el despacho de un dictamen favorable para llevarlo al recinto unas pocas horas después. "¡Es increíble, más de 160 artículos, 200 modificaciones que ni siquiera pudimos analizar y ya convocan para mañana [por hoy] a una sesión especial!", criticaba, de viva voz, la radical Silvana Giudici, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, mientras sus colegas hacían malabares para seguir, punto por punto, la lectura de los últimos cambios.

Salvo el bloque de Solidaridad e Igualdad (SI) y Proyecto Sur, el partido de Pino Solanas, que votarán a favor, algunos de los bloques se mantenían anoche indecisos sobre cómo se posicionarán en la sesión de hoy.

En este lote se ubican el Partido Socialista -que definirá hoy su postura- y los cinco diputados por Chubut que responden al gobernador Mario Das Neves.

Ya presentaron dictámenes por la minoría el PJ disidente, cuya voz cantante fue la diputada Graciela Camaño; el Movimiento Popular Neuquino (una sorpresa, pues se trata de un bloque aliado al Gobierno), y el diputado Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires). La oposición más crítica, encarnada por la UCR, la Coalición Cívica y Pro, anticipó su rechazo al proyecto y su compromiso de revisar la ley, de ser aprobada, con la nueva composición de la cámara, después del 10 de diciembre.

El proyecto de ley del Gobierno establecía en su redacción original tres pilares básicos: una autoridad de aplicación dominada por el Gobierno, el ingreso de las empresas telefónicas en el negocio audiovisual y la "desmonopolización" del mercado al restringir severamente la cantidad de licencias por operador.

El nuevo proyecto del oficialismo modificó sólo uno de esos pilares, el no ingreso de las telefónicas en el negocio, anunciado anteayer por la presidenta Cristina Kirchner. Los otros dos puntos se mantienen prácticamente sin retoques, advirtió la oposición.

"Las modificaciones no nos conforman; se preserva un exceso de arbitrariedad por parte del Poder Ejecutivo en numerosos artículos", enfatizó la diputada Camaño, quien criticó que "por acción y por omisión" fue este gobierno el que promovió el actual esquema de propiedad de los medios.

Entre las concesiones otorgadas por el oficialismo sobresale la de la autoridad de aplicación, cuya integración se amplió de cinco a siete miembros. La importancia de este organismo es clave, pues es el encargado de otorgar, prorrogar o declarar caducas las licencias, como también impartir sanciones.

El proyecto original proponía un dominio pleno por parte del Gobierno; ahora, al sumar dos miembros del Consejo Federal -órgano también por crearse en la nueva legislación-, el oficialismo argumenta que esa mayoría automática gubernamental no existirá, máxime porque esa autoridad será designada dos años antes de finalizar un mandato presidencial y sobrevivirá dos años después.

"Es una burla; en lugar de tres miembros oficialistas sobre dos opositores hasta 2011, ahora habrá cinco sobre dos hasta 2013", bramó el diputado Juan Carlos Morán (Coalición Cívica), escéptico respecto de que los miembros del Consejo Federal sean independientes.

Otro punto de fuerte discusión es el referido a la desmonopolización del mercado audiovisual que pretende forzar el Gobierno en apenas un año.

"Todos los propietarios de medios tienen un año para adecuarse al nuevo marco legal y, como las licencias no son transferibles, la única manera de cumplir la ley es darle al Estado los medios que ya no pueden preservar. Eso se llama confiscación", alertó Federico Pinedo (Pro-Capital).

Entre el coro de voces en apoyo del Gobierno se destacaron las de Carlos Raimundi (SI), que, no obstante, bregó por restringir de manera más explícita en el texto la posibilidad de que empresas extranjeras se apropien de medios de comunicación.

Pero ya cuando terminaba de hablar la oposición se retiraba del plenario de las comisiones indignada por el trámite irregular y acelerado que, a su juicio, imponía el oficialismo.