Ante la Corte de La Haya, el especialista en derecho internacional Marcelo Kohen dijo al defender la posición argentina que "turismo y celulosas no pueden reconciliarse"
El gobierno argentino sostuvo hoy en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que la construcción de la celulosa finlandesa Botnia en la ribera uruguaya del río Uruguay es incompatible con la actividad turística preexistente en la zona.
La fábrica está situada a unos 200 kilómetros de Fray Bentos, una zona donde predomina el turismo, aseguró hoy el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Génova Marcelo Kohen durante la segunda audiencia oral del contencioso que enfrenta a la Argentina y a Uruguay en la CIJ por la construcción de esa planta.
Kohen argumentó que, de acuerdo con el Estatuto del Río Uruguay de 1975 -que es la base legal de la denuncia de la Argentina-, Montevideo tendría que haber supeditado la construcción de la papelera a las actividades económicas ya presentes en la zona.
"Turismo y celulosas no pueden reconciliarse", indicó Kohen, quien recordó que "el Estatuto está basado en el respeto de los usos (del río) ya existentes".
Por ese motivo, Uruguay, que "no cumplió con sus obligaciones internacionales", tendría que haber considerado "localizaciones alternativas" en el río fronterizo para ubicar la factoría, mantuvo Kohen.
El letrado añadió que, junto al turismo, las aguas ribereñas donde se encuentra la fábrica son una importante zona de reproducción de pescado, por lo que la actividad de la planta también perjudica a esta característica medioambiental.
Con su decisión de permitir la construcción de la fábrica, en funcionamiento desde noviembre de 2007, Uruguay "ha infringido el uso justo, racional y óptimo" del río, a lo que le obliga el Estatuto que regula la gestión de sus aguas, mantuvo el letrado de la delegación de Buenos Aires.
Kohen también denunció que Uruguay "sistemáticamente" ignoró la solicitud de información de la Argentina sobre la construcción de la celulosa, a lo que Montevideo también estaba obligado de acuerdo con el tratado.
"Uruguay parece olvidar las prescripciones de 1975", aseveró el experto ante los jueces del máximo órgano judicial de la ONU.
Kohen también rebatió argumentos uruguayos según los cuales la construcción de la celulosa ofrecería empleo a los habitantes de Fray Bentos.
Para ello, afirmó que "solamente cuarenta personas" han sido empleadas en la fábrica finlandesa y que, desde su construcción, "la situación económica (de la zona) ha empeorado".
Según la Argentina, la ubicación de la celulosa en Fray Bentos responde a la única motivación de "facilitar las cosas a la empresa y a ninguna consideración social".
Otro de los intervinientes por parte argentina, el profesor de la Universidad de París Alain Pellet, basó su intervención en el análisis de diferentes artículos del Estatuto del río Uruguay.
Mantuvo como línea argumental que Uruguay lo incumplió al no informar a la Argentina sobre los planes de construcción y consecuencias para el medio ambiente de la instalación de la fábrica.
El embajador argentino ante la Unión Europea, Alan Béraud, expuso lo que considera las "contradicciones" de Uruguay en el proceso, cuyos argumentos calificó de "insostenibles".
Béraud especificó que esas contradicciones se centran en la postura de Uruguay respecto a si consultó o no con la Argentina la construcción de la celulosa.
"Primero Uruguay decidió que las plantas se construyeran en el marco del Estatuto de 1975, después dijeron que cumplieron sus obligaciones (de consultar con la Argentina), luego confesaron que no, pero que no era una violación del Estatuto de 1975 y que podían hacerlo más adelante, y más tarde indicaron que el Estatuto no era importante porque acordaron con la Argentina no seguirlo", enumeró el diplomático para ilustrar esas contradicciones.
La Argentina continuará mañana y el jueves con la exposición de sus argumentos, antes de que Uruguay tome el lunes la palabra.