Nunca, como ayer, Buenos Aires se pareció tanto a Caracas ni los Kirchner fueron tan similares a Hugo Chávez. Cuando más de 200 inspectores de la AFIP se agolparon en la puerta del Grupo Clarín, las imágenes recordaban nítidamente un ataque de grupos chavistas a Globovisión, la única cadena privada de televisión que quedó en Venezuela en los primeros días del último agosto. Era la perversión de cualquier sentido normal del Estado: el operativo se produjo en medio de una guerra personal desatada en las semanas recientes por el ex presidente Néstor Kirchner contra ese grupo periodístico.

Ya importa poco contra quién está combatiendo el caudillo de la administración. Es la existencia del periodismo argentino lo que está en juego una vez que él ha decidido usar los recursos del Estado con otros fines. ¿Cuál, si no ésa, fue la lógica de las dictaduras militares tan denostadas por el matrimonio presidencial? En Venezuela, Chávez primero le quitó la licencia al más grande y antiguo canal de televisión de aire, Radio Caracas Televisión, y ahora la está emprendiendo contra el único canal privado e independiente que queda en su país, Globovisión. Lo que quiere es el silencio del periodismo en general y no sólo ganar una batalla en particular. ¿Kirchner está haciendo aquí lo mismo?

Un vaho con aroma a peligro ya existía para la prensa argentina. De hecho, la Sociedad Interamericana de Prensa, la más importante organización americana de defensa de la libertad de prensa, apoyó ayer las posiciones explícitas de todas las asociaciones periodísticas argentinas sobre el proyecto de ley de radiodifusión. Desde hacía décadas no existía tal unanimidad en contra de algo, como sucedió ayer con las entidades de prensa argentinas, con el respaldo manifiesto de poderosas organizaciones internacionales.

Pocas horas antes, la oposición no kirchnerista (radicales, peronistas disidentes, macristas y socialistas) se había reunido con el vicepresidente Julio Cobos para preparar el rechazo del proyecto del Gobierno o, en el peor de los casos, cambiar luego del 10 de diciembre cualquier cosa que se apruebe ahora sobre la relación del Gobierno con los medios. No estuvo Elisa Carrió, pero estará cuando haya que votar en contra o cambiar lo que haya hecho el kirchnerismo. El despacho de Cobos se convirtió en lugar de peregrinación para los legisladores críticos del proyecto de radiodifusión; él adelantó su posición crítica sobre el tema, pero su papel cobra mayor importancia por ser la segunda figura de la República.

Ni la SIP ni Cobos ni los opositores hicieron, de todos modos, tanto como el propio Néstor Kirchner para pulverizar el proyecto enviado por su esposa al Congreso. Kirchner carece del instinto de la astucia. Su bagaje político carga sólo con audacia sin talento. El operativo de la AFIP contra las oficinas de Clarín parecía ayer un sainete escrito por un escritor chapucero. El jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, se disculpó ante la empresa periodística mediante una carta formal a su editor general, Ricardo Kirschbaum.

Pero ¿puede una oficina del Estado movilizar a 200 empleados sin la autorización expresa de su jefe? ¿Puede hacerlo cuando se trata de un virtual allanamiento contra un medio de prensa, más sensible siempre que cualquier otra empresa a los allanamientos o revisiones del Estado? ¿Puede, por último, enviar inspectores a un diario con soflamas contra el mismo diario? Todo fue demasiado extraño. Un medio periodístico puede ser allanado -cómo no-, pero sólo cuando hay razones suficientes para hacerlo y el proceso está en manos de jueces independientes, cuando ya no queda, en fin, otra alternativa más que ésa. Ninguna de estas condiciones se cumplió en el caso que sucedió ayer en las dependencias de Clarín .

Según fuentes oficiales, el allanamiento lo habría dispuesto el director de Seguridad Social de la AFIP, una de las tres direcciones que dependen de Echegaray. El director de esa área es Iván Bulassi, un dirigente kirchnerista de Bahía Blanca que responde políticamente a Echegaray. Bulassi fue elegido diputado bonaerense por el kirchnerismo en las elecciones del 28 de junio.

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"La orden la dio Néstor Kirchner", disparó ayer, malhumorado, un alto funcionario del Gobierno. "Pregunten a Kirchner", había sido, más temprano, la respuesta de los inspectores de la AFIP cuando empleados de Clarín les preguntaron qué estaban buscando. Kirchner dio la orden, en efecto, aunque nunca se sabrá si usó para eso a Echegaray o si pasó por encima de Echegaray. En cualquier caso, el jefe de la AFIP quedó ayer más cerca de su casa que de su oficina; el despido parecía inminente.

No se iría, en tal caso, por el daño que le hizo a la prensa argentina, sino por una presunta disputa en el interior del propio matrimonio presidencial. Cristina Kirchner, dicen ministros que la vieron, estaba ayer fuera de sí luego de enterarse de las correrías de su marido. ¿Es cierto? ¿O, acaso, se trata sólo de una excusa perfecta para separarla a ella de los devastadores alcances de un desvarío que rompió con todos los límites conocidos?

Doscientos empleados de Echegaray se habrían movilizado sin autorización de Echegaray. La AFIP, un ente clave del Estado, que conoce la confesión de vida de todos los argentinos, actuó en nombre de los Kirchner sin el conocimiento de la Presidenta. ¿Es posible semejante deformación del Estado y del Gobierno, donde mandaría sólo un hombre sin cargo ni funciones? Casi imposible de creer. Aun si fuera así, lo que pasó ayer fue posible porque antes existió un clima que colocó al Gobierno como militante de una causa contra los medios periodísticos en general y hoy contra Clarín en particular. Ninguno de los Kirchner es inocente.

El llamado progresismo latinoamericano está haciendo lo mismo que hacían con la prensa las dictaduras militares de hace tres décadas. Venezuela, la Argentina, Ecuador, Bolivia y Nicaragua tienen gobiernos democráticos por elección, pero están perdiendo esa condición en el ejercicio del poder. El martes, el diario El País , de Madrid, le dedicó un duro editorial a esa tendencia latinoamericana, en la que incluyó a los Kirchner, de destruir las libertades en nombre de supuestos intereses populares. Conviene reproducir uno de sus párrafos: "El último paso de los regímenes populistas latinoamericanos es acomodar la ley a sus intereses y acabar con la libertad de expresión". Acomodar la ley, en efecto, pero también, como hemos visto ayer, apropiarse de los recursos del Estado para satisfacer a los que mandan en una democracia cada vez más debilitada.