En un operativo inusual por su magnitud, el Gobierno envió a unos 200 inspectores de la AFIP y de otras agencias a la sede del diario Clarín en Tacuarí al 1800, en el barrio porteño de Barracas, y a otros 50 funcionarios más a otros edificios del Grupo Clarín.

En la sede del diario, los inspectores, que llegaron en forma coordinada en varios camiones de la seguridad social, rodearon la manzana con un despliegue intencionadamente intimidatorio, denunció el diario.

Al llegar, algunos lucían nerviosos y pedían insistentemente por los apoderados de las empresas del grupo.

El hecho se registró en medio de una serie de agresiones a directivos, campañas difamatorias con carteles en la vía pública y fuertes presiones, en el marco del impulso kirchnerista a su polémico proyecto de ley de medios. Es la primera vez en 64 años de existencia que el diario Clarín recibe un operativo de esta magnitud.

Varias decenas de inspectores entraron al edificio mientras alrededor de un centenar permanecía afuera. Los que ingresaron, se dividieron en grupos y permanecieron reunidos con los responsables de distintas empresas del Grupo Clarín.

La redacción de Clarín intentó comunicarse con la AFIP para consultar las causas del operativo, pero no obtuvo respuesta. Y en el Ministerio de Economía aseguraron desconocer cuál era el origen el procedimiento.

Más tarde, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, envió una carta al diario en la que aseguró que no fue él quien encargó el operativo. Y a última hora trascendió que habría echado al responsable de ordenarlo.

El funcionario que comandó el operativo en Clarín es un director regional que se identificó, ante el pedido de periodistas, como Carlos Cosentino.

Aseguró que encabeza las tareas sobre Grupo Clarín S.A., y que su equipo cuenta con otros cuatro inspectores.

Otro de los grupos está encabezado por Alberto Díaz, identificado como supervisor de Fiscalización. Y hubo por lo menos otros dos grupos más cuyas titulares no quisieron identificarse ni dar información a los periodistas. Se ampararon en el artículo 101 del procedimiento fiscal por el cual, según dijeron, sólo pueden dar información a los apoderados de las empresas.

"¿Es normal este despliegue de inspectores?, ¿se trata de un operativo de rutina?", le preguntó Clarín a algunos de los inspectores que, evidentemente, tenían una jerarquía superior a otros.

Pero los consultados se limitaron a repetir que estaban realizando inspecciones impositivas, previsionales y de seguridad social, sin contestar sobre el inusual número de funcionarios. Para más datos, decían que había que hablar con Echegaray o "con el Banco Hipotecario", como llaman los inspectores a la sede de la AFIP.

Además de Grupo Clarín S.A., los más de 200 inspectores realizaron una fiscalización sobre otras siete empresas del grupo. En el mismo edificio funcionan las redacciones del diario deportivo Olé y del diario La Razón. Simultáneamente, otro grupo de 40 inspectores, otro de seis y otro de cuatro se presentaron en otros tres edificios de empresas de Grupo Clarín.

El operativo coincidió con la publicación de una información comprometedora para Echegaray, que además de titular de la AFIP es el jefe en los hechos de la ONCCA.

En su edición de hoy, Clarín dio cuenta de que por decisión de la ONCCA se pagaron más de 10 millones de pesos en subsidios a una empresa sin habilitación.