El polémico proyecto de ley destinado a gravar productos electrónicos fabricados fuera de Tierra del Fuego volverá hoy a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Allí, sería suprimida la cláusula de la discordia que trascendió el miércoles pasado cuando el oficialismo no logró quórum para tratar la ley y que fue impulsada por Marconato. Además el articulado tendría otros retoques para quedar finalmente como era el proyecto original que partió del Poder Ejecutivo.

Según admitió el titular del bloque de senadores oficialistas Miguel Angel Pichetto, la propia presidenta Cristina Kirchner le dijo que "había que rechazar esa modificación".

Por eso, se estima que el proyecto, que tenía media sanción de Diputados, volverá a ese ámbito con las modificaciones. Una de ellas, incluso, podría ser la inclusión de las notebooks y netbooks que habían sido excluidas del nuevo gravamen durante el debate en Diputados.

Hoy, el Senado recibirá entonces, al jefe de Gabinete Aníbal Fernández, quien va a informar a los legisladores sobre distintos temas en los que trabaja el Gobierno. Y antes de que empiece la sesión, el cuerpo de senadores aprobaría el pase del controvertido proyecto de artículos electrónicos a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Paralelamente, se están armando en el Congreso los listados para cursar las invitaciones a participar de audiencias públicas, según sugirieron los senadores opositores la semana pasada, convencidos de la necesidad de debatir el tema antes de que sea tratada la ley.

En ese ámbito no van a faltar críticas, sobretodo con el agravante del capítulo del "error" en el que incurrió Marconato al cambiar el texto de 6.000 frigorías a 6 toneladas en los aire acondicionados. El diputado dijo que el pedido era del ministerio de la Producción, pero ese organismo no lo había solicitado, según documentó el propio bloque oficialista.

Una de esas voces críticas será la de los representantes de la Cámara Argentina de Calefacción Aire Acondicionado y Ventilación, que ayer se sumó al rechazo de otras cámaras que critican la iniciativa desde sus comienzos, pero apuntando sobre todo a la modificación que impulsó Marconato. Según Mario Alcoba, presidente de la entidad, el problema más grave del proyecto es la fijación arancelaria para equipos de refrigeración que "no son bienes suntuarios". Según el directivo, también habría daño ambiental, ya que se prioriza el uso de un refrigerante que, según normas internacionales, debería dejar de ser usado en el año 2016.

Entre las voces que también se alzaron contra el proyecto de ley, que promueve elevar el IVA del actual 10,5% al 21% a los productos fabricados fuera de Tierra del Fuego y a los importados, está la Cámara Argentina de Comercio. Según la CAC, "hasta el momento no se conoce públicamente la capacidad de producción ya instalada para sustituir con fabricación local esos productos. Tampoco queda claro, si en el futuro cualquier empresario podrá instalarse en Tierra del Fuego, ya que se acuerdo a la ley vigente, (decreto 1234/07), esto no sería posible", advirtió.