El Poder Ejecutivo decidió dar marcha atrás con una controvertida modificación introducida en la Cámara de Diputados en el proyecto de ley que aumenta los impuestos sobre los productos electrónicos importados.

El giro se produjo apenas un día después de que la oposición, haciéndose eco de un anónimo, denunciara que ese cambio favorecería a la empresa BGH, fabricante de equipos de aire acondicionado, en una cifra cercana a los 30 millones de dólares. El argumento de la oposición es que la referida modificación gravaba una categoría de equipos cuyo principal fabricante es BGH, informó el diario La Nación.

La decisión, transmitida por la presidenta Cristina Kirchner a su bloque de senadores, no hace más que poner bajo sospecha la actuación del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Guillermo Marconato, que fue quien introdujo la controvertida modificación.

"Hicimos una consulta a la ministra [de la Producción, Débora Giorgi] y nos dijo que nunca realizó ningún pedido de modificación" en el proyecto, explicó ayer Miguel Pichetto (Río Negro), jefe de la bancada oficialista de la Cámara alta, al justificar el cambio de rumbo adoptado por la Casa Rosada.

"Error técnico"
Sin embargo, Marconato explicó el cambio en directivas emanadas de la cartera que conduce Giorgi. "Se trató de un error técnico que me avisaron desde el Ministerio", argumentó, en pleno recinto de la Cámara baja, en la sesión del pasado 5 de agosto.

Las sospechas también recaen sobre el subsecretario de Industria, Héctor Alonso, que dio el visto bueno a la sanción de Diputados cuando fue consultado por el bloque kirchnerista del Senado. "Nosotros le mostramos a Alonso la sanción de Diputados y en ningún momento hubo objeción ni ningún planteo de su parte, así que entendimos que se trataba de un proyecto consensuado", agregó Pichetto.

Para sumar más confusión, el propio jefe de la bancada kirchnerista reconoció ayer que el senador Eric Calcagno (PJ-Buenos Aires) había recibido el lunes último un correo electrónico de la empresa Multicontrol -fabricante de los acondicionadores Westric-, en el que le advertían que el cambio introducido en Diputados "perjudicaría notablemente" a la firma, ya que los ponía "en desventaja en el precio final" en relación con los productos fabricados en Tierra del Fuego.

El proyecto y su modificación estuvieron a un paso de ser tratados en el Senado anteayer. Sólo la negativa de la oposición a dar quórum y la ausencia de nueve legisladores oficialistas impidieron que se iniciara el debate y que la iniciativa fuera convertida en ley.

Unas horas después, la oposición en pleno explicó los motivos de su rechazo y puso sobre la mesa de discusión la modificación y el supuesto beneficio que implicaría para BGH.

La iniciativa propone fomentar la industria tecnológica de Tierra del Fuego, imponiéndole impuestos internos superiores al 20% y elevando del 10,5 al 21% la alícuota del IVA a todos aquellos productos fabricados fuera de la provincia austral.

El cambio de la polémica amplió hasta las 6 toneladas (18.000 frigorías) los equipos acondicionadores de aire alcanzados por los impuestos. Según la oposición y un anónimo que circuló entre varios legisladores esta semana, sólo BGH fabrica ese tipo de productos, que son para uso comercial y no familiar, como los electrodomésticos que el Gobierno pretende gravar con impuestos.

Según confío Pichetto, la decisión de dar marcha atrás fue transmitida por Cristina Kirchner, luego de consultas hechas con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y Giorgi.

El proyecto volverá a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para redactarla tal cual había sido enviada por el Poder Ejecutivo, aunque se mantendrá la exclusión de las computadoras portátiles.

La intención del oficialismo es reabrir la discusión el próximo jueves, aunque la oposición quiere hacerlo el martes. "Queremos que la discusión empiece de cero", afirmó Ernesto Sanz, jefe de la bancada radical de la Cámara baja.