La Cámara de Casación Penal bonaerense se declaró "en estado de emergencia" en medio de la masiva protesta carcelaria que comenzó hace 14 días y en la que intervienen más de 14 mil internos.

Según informaron fuentes del tribunal, los jueces, en acuerdo extraordinario, denunciaron ante la Suprema Corte y los poderes Ejecutivo y Legislativo provincial, el alarmante incremento de expedientes y las gravísimas falencias presupuestarias, edilicias y de medios técnicos.

El acuerdo lleva la firma de los jueces Federico Domínguez, Horacio Piombo, Carlos Natiello, Carlos Mahiques, Fernando Mancini, Benjamín Sal Llargués y Jorge Celesia.

Según informó hoy el diario Hoy , de La Plata, el estado de emergencia resuelto por la Casación es el primero en ocho años, desde su creación en 1998, cuando se puso en marcha la reforma procesal penal bonaerense.

En tanto, la mitad de los casi 25 mil detenidos en cárceles bonaerenses continuaban hoy con la huelga de hambre en reclamo de la agilización de sus causas judiciales.

A esa manifestación se sumaron días atrás reclusos de prisiones del ámbito federal, como el penal de mujeres de Ezeiza y la cárcel de Villa Devoto, donde también se continuaba hoy con la huelga.

También en las últimas horas se sumaron a la medida de reclamo los presos de cinco pabellones de la cárcel bonaerense de Batán.

El lunes, a raíz del reclamo, la Suprema Corte de Justicia bonaerense comenzó a auditar si existen situaciones de mora injustificada en juzgados y tribunales con el llamado a juicio de personas privadas de su libertad.

La medida se adoptó en respuesta a los reclamos de los presos en huelga de hambre, quienes exigen que se agilicen sus causas judiciales, debido a que la gran mayoría de ellos se encuentran con prisión preventiva.

Los presos entregaron un petitorio en el que reclaman la creación de una ley procesal de excarcelación acorde a las pautas establecidas por los organismos de derechos humanos, la conformación de una figura procesal que sancione a los jueces que incumplan sus funciones y que se fije un plazo razonable de prisión preventiva, entre otras cuestiones.