El abogado Enrique Piragini denunció a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el sideral crecimiento de su patrimonio, que según la última declaración jurada de bienes de la Presidenta registró un aumentó del 158 por ciento.

Según Piragini el documento que la jefa del Estado presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) "es falso" y consideró que "hay elementos suficientes" para que, tanto Cristina como Néstor Kirchner, sean indagados por el juez federal Norberto Oyarbide, que tiene a su cargo la investigación por la fortuna personal del matrimonio presidencial.

"Por más de que la Presidenta se jacte de que su declaración jurada está en Internet, está claro que es falsa", sentenció el abogado, en declaraciones al diario La Nación.

Y avanzó con ejemplos: "Dejando de lado los emprendimientos comerciales, entre 2007 y 2008 redujeron en 14 la cantidad de inmuebles de su propiedad pero, sin embargo, el patrimonio aumentó sideralmente en el rubro alquileres. Esto es inexplicable. Y también es imposible que los inquilinos hayan pagado los alquileres que figuran", detalló.

Oyarbide, por su parte, ratificó que está esperando que tanto la OA como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) remitan los originales de las declaraciones juradas para avanzar. No descartó citar al contador que firma los documentos una vez que haya analizado "en profundidad" los datos.

Para Piragini, en tanto, una de las claves de la poca fiabilidad de la declaración jurada de Cristina Kirchner gira en torno al hotel Los Sauces en el Calafate. La Presidenta valúo su parte del emprendimiento en casi $ 825.000, mientras que su marido lo valuó en su declaración en algo más de 4,3 millones de pesos. "Esto no resiste el menor análisis. Denota a las claras una maniobra destinada a manipular la declaración jurada", evaluó el abogado.

Según su análisis, las irregularidades de las que acusa a los Kirchner se enmarcan en el delito previsto en el artículo 293 del Código Penal, que prevé penas de entre uno y seis años de prisión, para quien "insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar".