La fuerte disputa que se viene registrando entre el gobierno de Venezuela y algunos medios opositores se vio agudizada hoy cuando un grupo, que supuestamente responde al presidente Hugo Chávez, atacó la sede de Globovisión y arrojó granadas lacrimógenas.

María Fernanda Flores, una de las directivas del canal, dijo que fueron alrededor de 30 personas las que llegaron al lugar en moto, y que amenazaron a la gente de seguridad con armas. Inclusive sostuvo que dos guardias resultaron heridos, aunque no explicó de qué manera.

Una vez adentro, los atacantes lanzaron granadas de gas lacrimógenos y huyeron. "Responsabilizamos al Presidente por lo que pasó hoy. Llevaremos las cosas hasta sus últimas consecuencias", dijo el director del canal, Alberto Federico Ravell.

Globovisión mostró imágenes tomadas por sus cámaras de seguridad en las que se ve a un grupo de personas con boinas rojas y banderas del partido UPV, aliado de Chávez, ingresando a las instalaciones y lanzando las bombas.

El Gobierno le abrió varios procesos a Globovisión, un canal opositor, por considerar que la emisora atenta contra la democracia. A esto se suma que el fin de semana la Comisión Nacional de Telecomunicaciones sacó del aire a 32 radios y dos televisoras regionales, argumentando que no cumplían con todos los requisitos de la ley para operar.

Toda esta situación se da en el marco del avance en el gobierno chavista de una ley con fuertes limitaciones a la libertad de expresión y que pena el denominado "delito mediático".

La Sociedad Interamericana de Prensa había difundido antes un duro comunicado en el que condenó la iniciativa de pensar los "delitos mediáticos" como un "devastador golpe contra lo que queda de democracia en Venezuela". Es "un atropello contra los ciudadanos al quitarles su derecho a recibir información diversa y plural", dijo el organismo.

El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, sostuvo que "estamos frente a una estrategia manipuladora que continúa cerrando los espacios de libertades individuales y sociales".

El proyecto de ley presentado el jueves por la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, "viola el derecho a la libertad de opinión, de prensa y de expresión, legaliza el castigo contra los medios de comunicación y periodistas independientes, promueve la autocensura y revierte la tendencia actual en América Latina por despenalizar los delitos contra la prensa", afirmó.