Doce empresas argentinas esperan, sin respuesta desde hace cuatro años, que el Gobierno llame a audiencia pública para la asignación de rutas aéreas de cabotaje, un requisito indispensable para cubrir trayectos regulares y contemplado en el Código Aeronáutico. Según un decreto de 1992, una vez registrado el pedido de la firma interesada, el trámite no debería demorarse más de 70 días.

El requerimiento más emblemático corresponde a Air Pampas, del español Antonio Mata, ex accionista y ex presidente del comité ejecutivo de Aerolíneas Argentinas y enfrentado, tras su paso por la línea de bandera, con el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, según pudo saber el diario La Nación.

Pero este no es el único caso. Hay otros proyectos de firmas regionales como la salteña Leal, del grupo que controla la empresa de ómnibus La Veloz del Norte; la misionera Aero Iguazú, de la compañía de transporte terrestre Crucero del Norte, que prevé cubrir rutas entre esa provincia y la Capital Federal, o Baires Fly, uno de cuyos accionistas es Jorge Polanco, piloto de Aerolíneas Argentinas. Completan la lista Beagle, Cielos Mediterráneos, Líneas Aéreas del Mercosur, Micoluc, Aviación Patagonia, Líneas Aéreas Bonaerenses y Ayres Sud, empresas que se suman a otras que ya vuelan y han solicitado nuevos recorridos, como Austral, Andes Líneas Aéreas y Macair.

La última convocatoria a audiencia pública en la Argentina fue en diciembre de 2005, cuando el subsecretario de Transporte era Ricardo Cirielli, actual secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA).

Consultados al respecto, en el Gobierno reconocieron al diario La Nación la existencia de los 12 pedidos, pero explicaron que se estaban analizando las propuestas y muchas de ellas habían sido desechadas. "Hay que estudiar los antecedentes y los proyectos. Están todas en proceso de evaluación", dijeron en la Secretaría de Transporte, que conduce Juan Pablo Schiavi tras el alejamiento de Jaime. Agregaron que, a partir de ahora, esas autorizaciones estarían a cargo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que conduce Rodolfo Gabrielli.

El Código Aeronáutico establece que el otorgamiento de rutas aéreas debe hacerse mediante el llamado a audiencia pública. La obligación de dar una respuesta en un plazo de 70 días fue agregada en 1992, durante la presidencia de Carlos Menem, mediante el decreto 2186, para evitar discrecionalidad en la decisión.