El clima de tensión que desde hace días venía escalando en Honduras llegó hoy a su punto máximo con el golpe de Estado encabezado por unidades militares, que secuestraron al presidente Manuel Zelaya, lo llevaron a una unidad militar de Tegucigalpa y luego lo trasladaron a Costa Rica, donde permanece en este momento.

El secretario privado de Zalaya, Eduardo Enrique Reina, confirmó en un principio que el presidente fue capturado y conducido a una base aérea militar en Tegucigalpa.

Pero luego el mandatario habló desde Costa Rica, donde los militares los dejaron.

El propio Zelaya habló en una entrevista con la televisión estadounidense y afirmó que fue acogido como "huésped" por el gobierno costarricense. Dijo que fue "secuestrado" por los militares de su país y llamó además a la comunidad de países del continente a desconocer "un gobierno usurpador".

El mandatario contó en telefónicas que un grupo de militares ametrallaron su casa esta madrugada, tras lo cual lo conminaron a abordar un avión y trasladarse a Costa Rica. Dijo que ha recibido llamados de apoyo de algunos gobiernos.

La detención se produjo poco antes de que se abriera la votación en una controvertida consulta popular sobre la convocatoria a un referéndum no vinculante de reforma constitucional, con una fuerte resistencia de la oposición y en medio de una profunda crisis institucional.

En tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza dijo que el presidente costarricense Oscar Arias le confirmó que Zelaya se encontraba en una base aérea de Costa Rica. "Fue llevado solo, sin ninguna ropa, solamente con su ropa de dormir, y no ha pedido ningún asilo", dijo. "Esta es una situación extremadamente grave", agregó.

En el inicio de una sesión extraordinaria de la OEA, conformada por los embajadores de los 34 estados miembros, el embajador de Honduras ante la OEA, Carlos Sosa, dijo: "Honduras solicita la condena manifiesta, enfática, del golpe de Estado''.

El viernes pasado, el Consejo Permanente de la OEA ya había aprobado una resolución que solicitaba el envío de una comisión especial que viaje a Honduras para analizar la situación sobre el terreno, con el objetivo de "contribuir a un diálogo nacional amplio, a fin de encontrar soluciones democráticas" a la crisis.