El presidente de la Asociación de Supermercados Unidos, Juan Martínez criticó hoy la decisión de la Cámara de Diputados bonaerense de limitar el trabajo durante los domingos y feriados, al sostener que esa medida es "preocupante" y "puede afectar" los acuerdos de precios "por los mayores costos" empresarios.

Anoche, la Cámara de diputados bonaerense derogó el decreto de la dictadura que regula el trabajo los domingos y feriados en los comercios, y determinó que entrará en vigencia en el territorio provincial la ley nacional que establece la prohibición de trabajar durante esos días o bien dispone pagar más a quienes deben cumplir con tareas laborales.

"No nos parece bien esta decisión de la Legislatura. Estamos preocupados porque de este modo, se puede afectar el difícil equilibrio de los acuerdos de precios", enfatizó Martínez.

En declaraciones radiales, el dirigente sostuvo además que pagar más a los trabajadores que cumplen tareas los domingos y feriados "mete un poquito más de presión sobre el escaso margen de ganancia con el que está trabajando el sector supermercadista".

El empresario indicó también que "no es del todo cierto que no se esté pagando en forma diferencial el trabajo de los domingos desde hace tiempo".

"Depende de las cadenas, se otorgan adicionales por trabajar los domingos o se otorgan francos compensatorios o un bono compensatorio a fin de año. Y esto significa un aumento salarial y obviamente, un ajuste en los costos empresarios", puntualizó.

No obstante, Martínez expresó que "en verdad, por las características del trabajo supermercadista, el domingo está considerado como una jornada de labor ordinaria, y por eso en principio no existiría la obligación jurídica de pagar en forma diferente por trabajar ese día".

Asimismo, advirtió que la medida que tomó el Congreso bonaerense "podría entrar en colisión con normas nacionales. Y por si fuera poco, incursiona sobre medidas laborales de fondo, que no son competencia de la provincia, según estipula la Constitución".

La norma aprobada por la Legislatura fija un plazo de noventa días para que las partes se pongan de acuerdo en cómo se compensará el trabajo en días no laborables, que bien podría ser en dinero o en compensación con días libres para el personal, tal como planteó Martínez.