Primero aprobó créditos para ayuda social, pero ahora embistió contra las nacionalizaciones que generan un clima adverso para invertir y genera incertidumbre
El Directorio del Banco Mundial aprobó ayer dos créditos para la Argentina: uno para limpiar la Cuenca Matanza-Riachuelo, por US$ 840 millones, y otro para financiar planes de ayuda social por US$ 450 millones.
Sin embargo, y pese al entusiasmo que generaron los anuncios en la Casa Rosada, el organismo formuló severas críticas hacia la política económica que lleva adelante el Gobierno, informó el diario Clarín.
El documento que acompaña la aprobación de los créditos dice que "hará falta fortalecer el clima de inversión, respaldar el desarrollo del sector privado y garantizar la presencia de un entorno institucional y jurídico previsible. Las próximas elecciones añaden un nuevo componente de riesgo político". Y agrega lo siguiente:
"El conflicto con el sector agropecuario que se inició en marzo de 2008 y se prolongó durante cuatro meses repercutió negativamente en la economía. Esto incrementó la incertidumbre económica, lo que a su vez provocó un aumento de la fuga de capitales y presiones sobre la moneda, subas en las tasas de interés internas y la disminución de los depósitos denominados en pesos".
El capítulo donde detalla los "riesgos" que enfrenta el modelo señala textualmente que "Argentina tiene pocas opciones de financiamiento, y la cuenta de capital presenta particulares riesgos, puesto que una nueva oleada de fuga de capitales generaría la caída de las reservas extranjeras".
"En los balances internos, se prevé que los ingresos del Gobierno federal caerán 0,9 puntos porcentuales del PBI, mientras que los gastos primarios se reducirán sólo 0,1 puntos".
"El superávit fiscal primario de las provincias seguirá deteriorándose", dice. Y plantea que "la deuda pública argentina sigue siendo alta, con US$ 175.000 millones a fin de septiembre de 2008, lo que equivale al 58% del PBI".
"Inversores nacionales y extranjeros han expresado su preocupación por la prórroga de la vigencia de las leyes de Emergencia Económica y la legalidad de las políticas que se han volcado a brindar al Estado un papel de mayor peso en la prestación de servicios sociales y la regulación del mercado. Nuevas medidas de esa índole podrían llegar a debilitar la seguridad jurídica y el Estado de derecho. Las medidas recientes de nacionalización pueden disminuir la credibilidad del Gobierno argentino en relación con los derechos contractuales y desencadenar una nueva oleada de casos de arbitraje".
Durante la reunión que tuvo ayer por la mañana, el Directorio del Banco Mundial también dio su respaldo a un programa llamado "Estrategia de Alianza" con el país, para lo cual asignó un límite de 3.300 millones de dólares que la Argentina podrá utilizar de ese organismo entre este año y el 2012.
De hecho los 450 millones de dólares del crédito de "Protección Social Básica" aprobados ayer deberán descontarse de esos 3.300 millones. En tanto que los 840 millones de dólares para el Riachuelo forman parte del programa anterior, instrumentado entre 2006 y 2009, y que también fue de 3.000 millones de dólares.
"El hecho que el anuncio de la Estrategia y la aprobación de dos nuevos créditos hayan tenido lugar justo antes de las elecciones es una mera coincidencia y no debe interpretarse como que estamos apoyando a los candidatos oficialistas. Eso sería un gran error", explico a Clarín una vocera del Banco Mundial.
Más aun, los créditos programados hasta 2012 y los aprobados ayer son todos "de inversión", es decir que están atados a proyectos concretos. Es que la Argentina no puede acceder a los préstamos "de ajuste estructural", que le permitían a los gobiernos disponer con mayor flexibilidad del dinero recibido. "Este tipo de préstamos sólo se otorga a países que tienen políticas económicas sólidas y que no están atrasados en el pago de sus deudas", explicó un vocero.