El Senado bonaerense convirtió ayer en ley el proyecto sobre promoción de las inversiones, conocido también como "ley de blanqueo o repatriación de capitales". En la norma se establece que ese régimen de crédito fiscal se aplicará a quienes realicen inversiones en la provincia de Buenos Aires, destinadas a la construcción de inmuebles, finalización de obras en curso, financiamiento de obras de infraestructura, inversiones inmobiliarias, agroganaderas, industriales, turísticas o de servicios.

En tanto, el ingreso de los fondos invertidos y su aplicación se realizará exclusivamente a través del Banco de la Provincia, en su carácter de agente financiero.

Por su parte, el ministro de la Producción, Martín Ferré, exteriorizó su satisfacción por la sanción de la norma, a la que calificó como "un gran aporte para seguir consolidando el entramado productivo" provincial. Y agregó que esta ley "completa el sistema de incentivo a las inversiones productivas, que la provincia propicia y concreta", por lo que "es un gran aporte para seguir consolidando el entramado productivo". Al mismo tiempo recordó que el primer cuatrimestre cerró con montos de inversión que superan los US$ 3500 millones, mientras se gestionan más de 150 proyectos nuevos, por un monto que supera los $ 3700 millones.

La flamante ley, que surgió de un proyecto presentado por la administración provincial en sintonía con la Nación, crea un crédito fiscal del 1% del total de las inversiones. En tanto, se estipula que el crédito fiscal se instrumentará mediante certificados a emitirse al efecto y el cupo de ellos será de hasta $ 250 millones. Dichos certificados podrán ser utilizados por sus titulares, o bien por los endosatarios, para la cancelación de obligaciones emergentes de impuestos provinciales, por un plazo máximo de dos años, a partir del momento en que se concrete la inversión.

Durante la sesión, las bancadas de la Coalición Cívica y de la UCR se opusieron al proyecto, al sostener que "tiene más que ver con un blanqueo de capitales" que con un incentivo. Mientras, los acogimientos al régimen de crédito fiscal podrán solicitarse dentro del plazo de un año a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley.

En el llamado blanqueo de capitales que sancionó el Congreso nacional meses atrás se determina sólo que se deberá explicar el origen del dinero a través de una declaración jurada.

Por otra parte, el destino de los fondos que se regularicen deberá perfeccionarse dentro del año posterior a la finalización del plazo fijado para su exteriorización e informarse a la AFIP dentro de los 10 días posteriores a la operación.