Durante una reunión que contó con la presencia del secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, el Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) adoptó ayer en Washington una resolución que cuestiona duramente el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual presentado por el Gobierno argentino, afirmando que pone en riesgo la libertad de prensa.

La principal objeción a la iniciativa oficial, según el diario Clarín, es "la amplia discrecionalidad que se pretende otorgar a la Autoridad de Aplicación, controlada por el gobierno de turno, así como la falta de parámetros objetivos para el otorgamiento y renovación de las licencias", que "constituyen amenazas permanentes para la estabilidad de las mismas y, en consecuencia, una potencial presión económica y editorial sobre los radiodifusores".

"No hay ningún país del mundo en que las licencias a los medios privados se puedan revisar cada dos años, bajo criterios que no están objetivados en la misma ley. Hay un riesgo enorme de comprometer y afectar la independencia editorial de los medios de radio difusión. Se presta a que haya presión por parte del Gobierno" explicó a Clarín Luis Pardo el presidente de AIR.

La resolución -que fue adoptada por unanimidad- también critica la retroactividad que plantea la ley que "afecta los derechos constitucionales adquiridos en el marco de la ley y a partir de inversiones genuinas". Y cuestiona el hecho de que los medios ya existentes se verán debilitados, "en lugar de incrementar la diversidad generará actores más vulnerables y dependientes de intereses extra periodísticos", dice textualmente (ver Los puntos centrales de ...).

La resolución comienza describiendo la situación que enfrentan los medios de comunicación en la Argentina, "a partir de una escalada de confrontación planteada desde el poder político, en la que se inscriben agresiones a medios y periodistas, amenazas fiscales y regulatorias, abusos en la distribución de la publicidad oficial o cooptación de medios privados".

Y critica el hecho de que el gobierno haya presentado el proyecto en este clima enrarecido y en plena campaña electoral y "que lejos de abordar problemáticas endémicas de la industria audiovisual argentina, genera un marco de incertidumbre tanto para el desarrollo del sector como para la libertad de contenidos".

Durante el debate de la resolución que se dio ayer en la capital estadounidense estuvo también presente la relatora para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, Catalina Botero.

"La presencia de Botero fue muy importante porque recogió las impresiones que tenemos todos los que participamos de este encuentro", dijo Luis Pardo, quien no descartó que si la ley impulsada por el gobierno argentino es aprobada tal como está, este tema termine en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Desde que fueron presentados sus lineamientos, el proyecto de Ley de Radiodifusión impulsado por el Gobierno recibió en la Argentina una multiplicidad de cuestionamientos desde los sectores más diversos. Entre los que advirtieron que la propuesta conlleva riesgos para la libertad de prensa se cuentan legisladores de la oposición, ex funcionarios, expertos en medios de comunicación y empresarios.