Lo decidió la Corte y alcanzará a quienes tienen categoría de prosecretario administrativo o superior en tribunales federales, y viven en provincia de Buenos Aires
Por medio de una acordada, la Corte Suprema de Justicia dispuso que los "agentes del Poder Judicial de la Nación con categorías de prosecretario administrativo y superiores, que tengan domicilio electoral en la provincia de Buenos Aires y que se desempeñen en tribunales federales con asiento en dicho distrito", cumplan con la función de autoridad de mesa receptora de votos en los comicios del próximo 28 de junio.
A tal efecto, el Máximo Tribunal solicitó a los presidentes de las cámaras federales de apelaciones con asiento en la provincia de Buenos Aires que instrumenten la convocatoria, con la debida notificación, a quienes se encuentren en condición de desempeñar el cometido indicado.
La medida fue adoptada en orden a lo solicitado por la Junta Nacional Electoral de la provincia de Buenos Aires, con carácter excepcional, para asegurar el normal desarrollo de las elecciones, en el distrito bonaerense.
En las elecciones de octubre de 2007 la justicia adoptó una medida similar en la Capital Federal ante las dificultades para integrar las autoridades de mesa.
El Poder Judicial dividió la convocatoria de autoridades en dos fases, una que apunta a los voluntarios, a los egresados y estudiantes de universidades públicas que podrán presentarse para ser presidentes o vocales de mesa. Los primeros deberán hacerlo en la Cámara Nacional Electoral, en 25 de Mayo 245, y los que aún están cursando sus carreras podrán hacerlo en el departamento de alumnos de la facultad a la que asisten.
Hay una segunda fase de la convocatoria, la de los que están obligados a presentarse, que comenzará el 29 de mayo, una vez que estén listos los padrones definitivos.
Las autoridades de mesa cobrarán 100 pesos de viáticos más 30 pesos adicionales en caso de hacer el curso de capacitación organizado por la justicia electoral.
Por otra parte, el Código Penal fija penas de seis meses hasta dos años de prisión para quienes injustificadamente no se presenten a cumplir sus funciones como autoridades de mesa.