La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dio a conocer hoy una dura resolución sobre la relación del Gobierno con los medios de comunicación en la Argentina. Reiteró su "preocupación por el agravamiento del clima oficial respecto de la libertad de prensa", al tiempo que reclamó al Gobierno que "cese" en su "escalada de hostigamiento" hacia los medios.

El pronunciamiento, que se dio a conocer en la Reunión de Medio Tiempo que se lleva a cabo en Asunción, Paraguay, se refirió también a las "iniciativas legislativas planteadas con espíritu de confrontación", en referencia a los cambios que podrían hacerse a la Ley de Radiodifusión, informó el diario Clarín.

Por su parte, en su discurso, el titular de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Robert Rivard se refirió a la administración Kirchner como de "retórica hostil" y señaló que la misma "se está intensificando en directa proporción al agravamiento de la situación económica y política del Gobierno".

La resolución, referida a la Argentina, también señaló que "lejos de corregirse" algunas desviaciones, "se han profundizado acciones distorsivas sobre el mercado de los medios", las que detalló: "asignación de publicidad oficial, cooptación indirecta de medios privados a través de empresas afines al poder o manipulación informativa de noticias e imágenes que se observa en los medios públicos".

En su parte resolutiva, la SIP explicó que el clima de menor libertad de prensa se ha manifestado, en los últimos meses, en "diferentes ataques, amenazas y proyectos que podrían conducir de modo directo o indirecto, a intimidar o afectar la tarea periodística".

En cuanto a la posibilidad de que se reforme la Ley de Radiodifusión, la Resolución explicó en sus considerandos que los cambios que se le harían podrían "fragmentar y debilitar, en la actual coyuntura política y económica, el espacio de los medios de comunicación independientes".

La Resolución alertó también sobre la "reiteración de conductas emanadas del poder, como el manejo discrecional de la información, el abuso discriminatorio de la pauta del Estado o la promoción de proyectos administrativos y legislativos, que podrían tener como fin controlar o debilitar a los medios, tanto en su faz periodística como en su independencia económica".