Una jueza estadounidense condenó ayer a la pena de cuatro años de cárcel al venezolano Franklin Durán, acusado como agente ilegal con el fin de encubrir un supuesto envío de fondos del gobierno de Hugo Chávez para la entonces candidata presidencial en la Argentina Cristina Kirchner.

Durán, un empresario de 41 años que ha hecho fortuna en negocios con el gobierno de Chávez, recibió 48 meses en total por dos cargos por los que era juzgado, además de tres años de libertad condicional y una multa de 175.000 dólares.

El empresario, que había sido declarado culpable por un jurado, enfrentaba una pena máxima de 15 años de cárcel por su actuación como supuesto agente encubierto de Venezuela en los Estados Unidos y por conspiración para ocultar el origen y destino del polémico envío de dinero.

Otros tres acusados en el caso como agentes ilegales de Venezuela en Miami se declararon culpables y están cumpliendo penas de prisión.

La jueza federal de Miami Joan Lenard reconoció que Durán "no vino a Estados Unidos con la intención de actuar como espía" de Caracas, pero consideró que el empresario "respondía al gobierno de Venezuela en su objetivo de presionar" a un ciudadano estadounidense, Guido Antonini Wilson, "para que ocultara el origen y destino de una maleta con 800.000 dólares", según el diario La Nación.

Por su parte, el fiscal del gobierno, Thomas Mulvihill, dijo que "Durán se benefició de la corrupción del gobierno en Venezuela e hizo una gran fortuna en los últimos diez años". Y aunque había pedido una pena de 13 años y medio para el empresario por los dos cargos se mostró satisfecho con la sentencia.

"Es una buena decisión para prevenir que nadie intente hacer lo mismo en este país", dijo al salir de la audiencia.

El anuncio de la jueza generó gritos y lágrimas en un grupo de familiares, amigos y empleados de Durán en la petrolera venezolana Venoco, que viajaron desde Venezuela para darle apoyo en el momento del veredicto.

El juicio derivó del escándalo por el hallazgo de una maleta con 800.000 dólares que fue incautada por la Aduana de Buenos Aires tras el arribo de un avión rentado por el Estado argentino que provenía de Caracas, en agosto de 2007.