La polémica por la aparente censura que habría sufrido el vicepresidente Julio Cobos por parte de Canal 7 volvió a recrudecer.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, repudió la decisión de la emisora estatal que evitó el viernes pasado televisar cualquier imagen o mención al vicepresidente durante la transmisión del acto de apertura del Festival de Doma y Folklore de Jesús María.

El gobernador, que ofició de anfitrión y encabezó con Cobos el acto de apertura, tampoco apareció en la transmisión de Canal 7, compartida por el Canal 10 de la Universidad Nacional de Córdoba.

En declaraciones a una radio local, Schiaretti aseguró anoche que no entiende "la actitud de los responsables de la transmisión del festival de haber omitido mostrar su presencia y la del vice".

En ese sentido, exigió: "De esa decisión deberán dar explicaciones tanto canal 7, como Canal 10 de Córdoba".

En tanto, la diputada y periodista Norma Morandini (Frente Cívico de Córdoba), que integra la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, volvió a rechazar hoy el episodio y aseguró que realizará un pedido de informes en la Cámara de Diputados y pedirá que se convoque a las autoridades del canal para que den explicaciones. "Los temas de la democracia los tenemos que resolver con política, con debate", sostuvo, en diálogo telefónico con lanacion.com .

"Tenemos que contribuir a establecer cuál es la función del canal público, que debe servir a la ciudadanía y no a los gobernantes. El hecho de que se haya sacado del aire para que no se vea lo que se tenía que ver ofende a la ciudadanía. Se vulnera el derecho de la sociedad a ser informada", subrayó.

Morandini aclaró que no presentará una denuncia en la justicia por la presunta censura, sino que citará en la Cámara de Diputados a las autoridades de Canal 7 ni bien se levante el receso.

Consultadas por LA NACION , fuentes de Canal 7 habían asegurado que en realidad "hubo una decisión de no politizar la transmisión del festival, más allá de las personas". E insistieron en que la prioridad fue "resaltar el festival como el hecho cultural y no su connotación política".

La decisión, que quedó evidenciada en abruptos pases a la tanda publicitaria, planos amplios que evitaban mostrar al vicepresidente y cortes en la transmisión, provocó diferentes muestras de repudio y hasta una denuncia judicial.