El fiscal general Alberto Nisman dictaminó este lunes que corresponde ampliar el embargo dispuesto a los ex funcionarios iraníes acusados por la Justicia por su participación en el atentado contra la AMIA, hasta alcanzar la suma de 540 millones de dólares y así lo solicitó hoy al juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

La medida -que se originó en una petición del Grupo Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado- alcanza al ex presidente de la República Islámica Alí Akbhar Rafsanjani, su ex ministro de Información Allí Fallahiján, el ex canciller Alí Velayati, el ex embajador Hadi Soleimanpour, el ex Jefe de la Guardia Revolucionaria Moshen Rezahi, el ex Jefe de la Fuerza "Al Quds", Ahmad Vahidi, el ex Secretario de la embajada iraní en Buenos Aires Ahmad Ashgari y el ex consejero cultural, Moshen Rabbani.

Según surge del dictamen de Nisman, el monto embargado alcanza 1.843.000.000 de pesos. Esa cifra es la que se consideró adecuada para resarcir a la totalidad de las víctimas, a los lesionados, y para cubrir los daños materiales producidos como producto del brutal atentado.

Nisman fundamentó su dictamen en la norma prevista en el artículo 518 del Código Procesal Penal, que establece la posibilidad de decretar medidas cautelares antes del dictado del auto de procesamiento, cuando hubiere peligro en la demora y elementos de convicción suficientes que así lo justifiquen.

En tal sentido, según fuentes judiciales, se tuvo en cuenta que se desconoce el actual paradero de los imputados, y la reiterada y definitiva negativa del gobierno iraní a colaborar con los sucesivos requerimientos efectuados por la justicia argentina.

Hace escasos días, y en el marco de una demanda concreta entablada por un sobreviviente, se logró embargar 6 propiedades ubicadas en el barrio de Floresta, pertenecientes al ex consejero cultural de la embajada iraní en Buenos Aires, Moshen Rabbani, quien se encuentra entre los requeridos por Interpol.