21 de noviembre de 2024
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La Corte reclamó leyes para evitar la libertad de represores
Carlos Fayt le contestó a la Presidenta, quien describió como "una vergüenza" la liberación de los asesinos. "Hay 800 juicios parados y eso no es culpa nuestra", afirmó el magistrado
19 de diciembre de 2008
El magistrado responsabilizó al Parlamento por la lentitud en el trámite de las causas por violaciones a los derechos humanos y reclamó enérgicamente que los legisladores avancen con legislación que permita agilizar los juicios contra represores y evitar fallos como el que emitió la Cámara Nacional de Casación Penal.
"El Congreso tiene que dictar las normas procesales judiciales necesarias para que cosas como estás no ocurran", advirtió Fayt en declaraciones a la prensa desde la puerta de su casa difundidas por TN.
Tras aclarar que, como juez de la Corte, no podía expedirse sobre la resolución de Casación, que además será apelada ante el máximo tribunal, Fayt volvió a arremeter contra los legisladores.
"Hay 800 juicios parados y eso no es culpa nuestra. Es culpa del Congreso. Vayan y ocúpense de eso", concluyó visiblemente molesto.
Por otra parte, Fayt recordó que ninguno de los represores beneficiados por el fallo quedará en libertad. "El país no puede intranquilizarse. Lo único seguro es que esta gente está detenida, y sigue detenida", planteó.
El fallo. Por demoras en las causas, la Cámara Nacional de Casación Penal suspendió las prisiones preventivas que cumplen los Astiz y Acosta y cerca de otros 20 militares, procesados por la represión ilegal durante la última dictadura. Por ahora, sin embargo, ninguno de ellos quedará en libertad porque la decisión será apelada ante la Corte Suprema.
En una resolución dividida, que se firmó anteayer y se conoció ayer, la Sala II de la Casación sostuvo que el tiempo que los imputados llevaban en prisión preventiva excedía el plazo máximo de tres años previsto por la ley y que las sucesivas prórrogas de las detenciones iban en contra de las garantías procesales de los acusados.
Arrestados en 2001, Astiz y Acosta están alojados en el penal de Marcos Paz. Ninguno de los dos recuperará la libertad; ni siquiera si el fallo de la Casación queda firme, debido a que están detenidos en causas a las que no alcanza la resolución conocida ayer. Eso mismo deberán analizar los jueces de los tribunales inferiores en el resto de los casos, para verificar si corresponde dictar las liberaciones dispuestas por Casación.
Entre los represores acusados están los marinos Raúl Scheller, Jorge Radice, Manuel García Tallada, Víctor Pardo, Antonio Pernías, Néstor Sabio, Eduardo González y Juan Carlos Rolón.
La polémica decisión judicial había sido ayer condenada por Cristina Kirchner que la describió como "una vergüenza". También provocó conmoción en los organismos de defensa de los derechos humanos.