Es el de Nueva York Thomas Griesa. Los montos congelados ascienden a u$s 554 millones. "La transferencia de esos activos debe ser restringida", aseguró
Un juez de Nueva York decretó la congelación de las inversiones de las Administradoras privadas de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) de Argentina en Estados Unidos, que ascienden a 553 millones de dólares.
"La corte ha determinado que los demandantes han demostrado suficientemente que la transferencia de esos activos, en especial fuera de Estados Unidos, debe ser restringida", asegura el juez Thomas Griesa en una decisión judicial.
El juez de la Corte del Distrito Sur de Manhattan adoptó esta decisión a petición de los representantes legales de diferentes fondos titulares de bonos de deuda pública de
Argentina que quedaron fuera del canje de deuda de ese país establecido en 2005 sobre al menos cinco AFJP con sede en Nueva York.
La petición se cursó al conocerse en octubre pasado que el Gobierno de Argentina pretendía nacionalizar los fondos de pensiones administrados por entidades privadas, que gestionan unos 30.000 millones de dólares.
"Los demandantes en 72 casos tratan de tener acceso a activos que se creen depositados en Nueva York y que pertenecen a ciertos fondos de pensiones argentinos públicos y privados", añade Griesa en su última decisión, con fecha de 11 de diciembre.
Su nacionalización "trasladaría los activos a lo que los demandantes consideran una entidad dependiente del Gobierno de Argentina", según el juez.
En noviembre pasado, Griesa ya había establecido la congelación temporal de estos fondos hasta que se avanzara en la etapa de "discovery", por la que las pruebas de una parte deben ser comunicadas a la otra para que las examine.
"El proceso de los fondos de las AFJP sigue en vigor ahora que los activos se han transferido a la Anses de acuerdo con la nueva ley", señala la decisión de Griesa.
Con la congelación aprobada en Nueva York, los titulares de bonos pretenden evitar que esos fondos salgan de Estados Unidos.
Se calcula que hay bonos por 20.000 millones de dólares en manos de quienes no aceptaron la reestructuración hace tres años.