El presidente francés, Nicolás Sarkozy, está estudiando una reforma para bajar la edad de imputabilidad de los delincuentes.

Según afirmó la ministra de Justicia, Rachida Dati, esa medida es la más polémica y criticada del conjunto de reformas propuestas por una comisión de estudio de cambios en el Código Penal francés.

"Decir que un menor puede recibir una sanción penal va en el buen sentido", aseguró Dati, que dio así su visto bueno al proyecto que pretende convertir en ley a finales del año próximo.

La comisión de estudio señaló que reducir la edad penal mínima acercaría el código francés a los de sus vecinos europeos. La funcionaria recordó que la edad penal mínima es de 10 años en Inglaterra y Suiza, de 12 en Holanda y de 14 en España. Alemania e Italia también van en camino de reducir la edad mínima de imputabilidad.

Estos datos deberían ser un ejemplo a seguir en la Argentina, donde tras una ola de delitos y secuestros seguidos con muerte perpetrados por menores de 18 años, esa edad es aún el piso de imputabilidad. Esto provocó que decenas de menores delincuentes volvieran a la calle en pocos días.

Dati a su vez indicó que con esta reforma los jueces tendrán "un mejor conjunto de herramientas" para luchar contra la delincuencia.

"El auténtico peligro que amenaza a nuestros niños no es la sanción de los jueces, sino encerrarlos en el engranaje de la delincuencia. Existe el derecho a la segunda y a la tercera oportunidad y tenemos que admitirlo, pero no el derecho a la impunidad", afirmó la ministra.

Dati se mostró también favorable a la idea de la comisión de permitir a la Policía interrogar a los menores de 12 años "con todas las garantías de su edad", aunque después sea responsabilidad de la jurisdicción de menores.

La ministra aprobó asimismo la idea de crear un "tribunal correccional de menores" que mezcle a jueces de menores con otros de mayores para sustituir a los actuales tribunales para niños reincidentes.

Las propuestas de la comisión provocaron las protestas de los dos principales sindicatos de la magistratura, así como de los organismos que se ocupan de la reeducación de los menores condenados.

"Los cuidados educativos de los niños no suponen la impunidad frente a los actos de delincuencia, sino un acompañamiento responsable y humano que les permite darse cuenta de lo que está prohibido", afirmó el Sindicato de la Magistratura, de orientación progresista.

La Unión Sindical de Magistrados, por su parte, señaló que estas medidas son "inaceptables" porque "atentan contra la primacía de lo educativo frente a lo represivo.