"Con la estructura actual no estamos en condiciones de enfrentar la catástrofe social que soportan nuestros pibes", admitió la subsecretaria de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Martha Arriola. En una entrevista con el diario La Nacion, discrepó con el gobernador Daniel Scioli, que propone bajar la edad de imputabilidad de los menores, y no ahorró críticas a los ministerios provinciales de Seguridad y de Salud.

Arriola reconoció que en su dependencia se tomaron medidas de traslado y liberación de menores sin la correspondiente autorización judicial. Por esos hechos, la Suprema Corte de Justicia bonaerense manifestó la semana pasada su "profunda preocupación".

La subsecretaria explicó que esas medidas fueron producto de "un proceso de transición en el que se producen confusiones". Y consideró que es necesario dictar la emergencia en materia de niñez y adolescencia, crear un ente autárquico que dependa directamente del gobernador y triplicar el presupuesto asignado al área.

Dijo que ni ella ni el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, supieron transmitir a Scioli "la hondura de las dificultades de la gestión" ni la propuesta para afrontar la emergencia. Además, cuestionó al Ministerio de Seguridad, al que le atribuye haber difundido datos erróneos sobre la delincuencia juvenil, y al Ministerio de Salud, por no colaborar con la asistencia a jóvenes drogadependientes. Ante una pregunta de LA NACION, Arroyo dijo que "la cuestión no es de autonomía sí o no, sino el fortalecimiento de los recursos", y que el presupuesto del área de niñez y adolescencia pasará el año próximo de 190 a 290 millones de pesos.

Por su parte, la subsecretaria de Atención de las Adicciones del Ministerio de Seguridad provincial, María Gabriela García, negó que en los hospitales bonaerenses se dificulte la atención de menores intoxicados.

LA NACION quiso conocer también la reacción del jefe de la policía bonaerense, Daniel Salcedo, sobre los dichos de Arriola, pero el jefe policial rehusó referirse a ese tema.

* * *

-Hace unos días, la Corte provincial denunció que funcionarios de su área habían liberado a menores sin consultar a los jueces...

-La entrada en vigor de la ley provincial de promoción de los derechos del niño se encuentra en transición para su efectiva puesta en marcha. Hubo errores. Como en toda transición, se producen confusiones y distintas interpretaciones de la norma. En realidad hubo sólo 20 casos de ese tipo que fueron resueltos. Los jueces reaccionaron de diferente manera: algunos comprendieron, otros denunciaron. Nosotros no estamos para pelearnos con nadie sino para ayudar a los chicos y cumplir con lo que indiquen los magistrados. Es algo superado.

- Otro planteo de los jueces de menores fue por la falta de recursos y de vacantes en institutos.

-Al poco tiempo de asumir advertimos que estábamos frente a una situación de emergencia, un problema de enorme magnitud que no es de este gobierno, sino que lleva décadas. Además, heredamos un presupuesto insuficiente. Lo digo y me hago cargo por los pibes, que son los que soportan verdaderamente todo esto. Pronto llegamos a la conclusión de que, con la estructura actual, no estamos en condiciones de enfrentar la catástrofe social que soportan nuestros pibes y que es necesario dictar la emergencia en materia de niñez y adolescencia, y crear un ente autárquico que dependa directamente del gobernador, además de triplicar el presupuesto del área.

-Si están convencidos de que esas medidas aportarán soluciones, ¿por qué no las instrumentaron?

-Yo elaboré una propuesta y se la elevé al ministro Arroyo, pero quedó ahí. Creo que no le llegó nunca al gobernador. Debimos haber generado suficiente presencia y fuerza para incidir en el tema. No logramos llevar al gabinete la hondura del problema y quedamos desdibujados. En esto somos responsables tanto yo como el ministro. Ninguno logró alcanzar la estatura suficiente ante la dimensión del problema.

-¿Pensó en dejar su cargo?

-Yo estoy como siempre, con todas las pilas. Pese a todos los problemas de los que hablábamos, hemos hecho cosas: hemos puesto un piso, una estructura. Atendimos unos 80.000 casos y establecimos los centros zonales.

-¿Qué opina de la propuesta de bajar la edad de imputabilidad?

-La inseguridad que vivimos no se resuelve criminalizando a los chicos. Es sólo mirar una porción mínima del problema que en el fondo es la desigualdad, la exclusión, la destrucción de la familia. Tenemos una ley de avanzada para trabajar. Habría que profundizar su aplicación para luego pensar en nuevos ajustes. Debemos reconstruir la acción integral del Estado. Es necesario conseguir que, desde el Ministerio de Salud, haya más receptividad cuando llevamos a un pibe intoxicado por la droga. Es preciso que la policía no brinde cifras irresponsablemente, que sólo sirven para que la gente vea a los chicos como peligrosos. La semana en que el jefe de policía [Daniel Salcedo] informó erróneamente que había un millón de delitos cometidos por menores creció fuertemente la presión para internarlos.

-¿Scioli la consultó antes de lanzar su propuesta de bajar la edad para penar a los menores?

-Yo le transmití mi posición al ministro Arroyo y supongo que él se la llevó al gobernador.

-¿Sirve el esquema actual de institutos? La mayoría de los especialistas coincide en que los chicos salen peor de lo que entraron.

-Son necesarias nuevas respuestas. Así como está y frente a esta catástrofe social, el área no puede darlas adecuadamente. La nueva ley se sobrepone a esa situación. De todas formas, es necesario hacer grandes cambios.

"Pronto llegamos a la conclusión de que, con la estructura actual, no estamos en condiciones de enfrentar la catástrofe social que soportan nuestros pibes; hay que dictar la emergencia en niñez y adolescencia, y triplicar el presupuesto del área".