El matrimonio K analiza asumir la gestión del sistema de riesgos del trabajo. Resistencia empresaria. ¿Vamos hacia una estatización total de la economía?
Apenas un par de semanas después de haber avanzado con la eliminación de las AFJP, la administración de Cristina Fernández comenzó a analizar una propuesta de la conducción de la CGT, que lidera Hugo Moyano, para reformar en forma integral el actual régimen de riesgos del trabajo, que contemplaría la estatización del sistema y la desaparición de las aseguradoras que en la actualidad gestionan los servicios.
Más allá de los propios intereses sindicales, la iniciativa tendría un impacto importante en las arcas públicas: las ART recaudan unos $ 4.500 millones por año en aportes y contribuciones, casi un tercio del flujo anual de las AFJP, pero con la ventaja de que la mayor parte de su cartera de inversión está compuesta por activos líquidos fácilmente negociables en el mercado. Si el matrimonio Kirchner finalmente avanza con la reforma del régimen de riesgos del trabajo, los fondos del sistema se sumarían a los ingresos adicionales generados por la estatización de las AFJP, lo que permitiría al Ejecutivo incrementar el superávit fiscal y cubrir las necesidades de financiamiento para los próximos dos años sin mayores dificultades, analizó el diario El Cronista.
La conversaciones entre funcionarios y dirigentes gremiales para evaluar la posibilidad de estatizar el sistema que asegura a los trabajadores prestaciones médicas e indemnizaciones en caso de accidentes laborales o enfermedades profesionales fue admitida por voceros gubernamentales y de la CGT, consultadas por el diario.
Desde el sector empresario, en tanto, aseguraron desconocer los términos de la iniciativa, aunque señalaron que no los toma por sorpresa después de la avanzada oficial contra las jubilaciones privadas. “Ya no se sabe que esperar, pero si esto se concreta es realmente preocupante”, advirtió un empresario, que alertó sobre los efectos del escenario de desconfianza e incertidumbre que recrean las últimas decisiones oficiales.
Más críticos se mostraron desde las propias aseguradoras del sistema, que indicaron que –a diferencia de lo que ocurre con las AFJP– los fondos del sistema de riesgos del trabajo requieren de una disponibilidad permanente para el pago de rentas y prestaciones. “No se transfiere una caja. No hay margen para hacerse de los fondos porque las obligaciones son ahora y todo el tiempo”, explicó un directivo de una ART consultado por El Cronista. Otras fuentes del sector denunciaron “oportunismo” por parte de los gremios para estatizar el sistema en la búsqueda de “mejorar la caja” de las obras sociales sindicales.
Desde la CGT rechazaron esos cuestionamientos y comentaron que en los últimos tiempos acercaron al Ejecutivo un borrador con la propuesta en el marco de las negociaciones para reformar el actual Sistema de Riesgos del Trabajo, tachado de inconstitucional por la Corte Suprema. En el Gobierno confirmaron los contactos, que se produjeron a fines de la semana pasada en la oficina de unos de los principales funcionarios del Gabinete nacional. Según una fuente del Ejecutivo, el propio ex presidente Néstor Kirchner tiene en la mesa de análisis el proyecto.
En cambio, el diputado y abogado de la CGT, Héctor Recalde, afirmó desconocer el contenido de la propuesta elaborada por un par de miembros del consejo directivo de la central, aunque dijo que no descarta que se pueda avanzar con la estatización del sistema. “Habría que verlo, no me puse a estudiar esa posibilidad, pero no voy a a cerrar ningún camino”, indicó Recalde a este diario.
Por su parte, desde la cúpula de la Unión Industrial (UIA), Daniel Funes de Rioja, consideró “ilógica” la hipótesis de las estatización del régimen de ART, al advertir que con una medida de esas características “no se garantiza la calidad de las prestaciones”. Funes recordó el compromiso que la Presidenta y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, asumieron ante el sector industrial en septiembre pasado, cuando prometió una reforma que de respuestas a los problemas de la ley vigente y ponga fin a la catarata de juicios contra el sistema.
Justamente la judicialización es uno de los mayores problemas para los empresarios, porque provoca incertidumbre sobre el costo real de las indemnizaciones y la seguridad contra accidentes laborales.