La política construye una crisis perfecta cuando mezcla al mismo tiempo un escándalo de corrupción y un conflicto económico. Es lo que está sucediendo en la Argentina.

La maleta de Antonini Wilson persigue permanentemente a los Kirchner, y además siempre los captura en momentos muy inoportunos. La primera vez fue cuando el parlanchín transportador de caudales empezó a hablar en los tribunales de Miami: Cristina Kirchner y su esposo estaban en Nueva York para asistir a la asamblea de la ONU. Vivieron su semana anual en la exquisita ciudad norteamericana con el eco incesante de la lengua vocinglera de Antonini Wilson en Miami.

Ahora, la justicia estadounidense le acaba de dar la razón, implícitamente, al ex compinche de Hugo Chávez. Antonini Wilson aseguró desde el principio que la valija no era de él, sino que la traían funcionarios argentinos, y que el dinero estaba destinado a la campaña electoral de Cristina Kirchner.

En verdad, Cristina no necesitaba de tales recursos para su colmada campaña, pero es posible que hayan sido sólo parte de un traslado constante de dinero ilegítimo entre funcionarios argentinos y venezolanos. La realidad podría ser peor que la suposición de Antonini Wilson o que la versión que él recibió.

Las actuales novedades producirán algo más que la ruina de un viaje anual, mezcla de trabajo y de vacaciones. La decisión del tribunal de Miami coincidió con el momento política y económicamente más crispado, y más peligroso también, de la era Kirchner. Cuando la Presidenta estaba en Nueva York, tuvo hasta margen para cometer el error de creer que la crisis financiera internacional afectaría sólo a las principales economías del mundo, a la que llamó, irónicamente, "efecto jazz" por su epicentro en los Estados Unidos.

Bien. Ahora es la Argentina el país latinoamericano más afectado por la crisis internacional. Esa afectación no proviene de su condición de economía desarrollada, como les sucede a los Estados Unidos, a Europa y a Japón, sino porque decidió meterse sola en el ojo del huracán. La estatización de los fondos de pensión, un manotazo a la propiedad privada de millones de argentinos, agravó las previsibles consecuencias en la economía local de la caída de los precios de las materias primas. La economía argentina está en terapia intensiva.

Los actos de corrupción pasan casi inadvertidos cuando hay bonanza económica. Es un reflejo social ciertamente criticable, pero las cosas suceden de esa manera y no de otra. Esa misma sociedad se torna implacable cuando coinciden en el tiempo y en el espacio la eventual corrupción, la penuria y la desconfianza en la economía. Todo es posible y seguro, entonces, para la gente común. Las señales de máxima alerta deberían comenzar a sonar en Olivos.

Antonini Wilson no es un santo. Nunca lo ha sido. Su fortuna, y algo de esas escandalosas posesiones se ventilaron también en Miami, fue construida en complicidad con el régimen de Chávez. Pero su discurso fue coherente desde que llegó a los Estados Unidos. Si hubiera querido culpar falsamente, ¿por qué no señaló, entonces, sólo a los funcionarios venezolanos que venían en el avión, a quienes él conoce desde hace mucho tiempo? ¿Por qué, en definitiva, mentiría acusando al gobierno argentino, con el que no tenía relaciones muy fluidas?

Es más probable que haya hecho justo lo necesario: en manos del FBI y de la justicia norteamericana, y con el deseo explícito de preservar su ciudadanía norteamericana y su vida en los Estados Unidos, decidió decir la verdad tal como la escuchó. No hay otros misterios. Un jurado norteamericano acaba de avalar de hecho la versión de Antonini Wilson después de una larga investigación y de numerosos testimonios. En resumen, la plata era para los argentinos, aunque nadie está seguro de qué argentinos se trata y si ése era un hábito normal en la relación entre los Kirchner y Chávez.

Estas incógnitas no son asignaturas de los tribunales norteamericanos. Estos sólo investigaban si hubo un trasiego de servicios de inteligencia extranjeros en los Estados Unidos sin conocimiento de las autoridades norteamericanas. Las preguntas irresueltas son responsabilidad de la justicia argentina. ¿Qué hacía esa plata en un aeropuerto argentino? ¿Por qué llegó en un avión privado, rentado por el gobierno argentino y repleto de funcionarios argentinos y venezolanos? ¿A quién estaba destinado el dinero en Buenos Aires? ¿Se trató de un hecho excepcional o formaba parte de una práctica habitual?


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El juez federal argentino que investiga el caso, Daniel Petrone, osciló hasta ahora en reclamar algunos testimonios y en manifestar su deseo de ascender a camarista. Su ascenso estará siempre en manos del Consejo de la Magistratura, controlado por el oficialismo. La ambición del juez es, por lo menos, inoportuna. Sea como fuere, lo cierto es que la causa avanzó algunos centímetros aquí sólo porque existía una causa espejo en los Estados Unidos. Esta última se terminó. Es posible que la de aquí se diluya también en las habituales naderías a las que suele recurrir la Justicia cuando no quiere hacer nada.

La reacción oficial de las próximas horas es perfectamente predecible. El Gobierno volverá a culpar a la decadente administración de George W. Bush de una conspiración. ¿Tendrá tiempo el presidente norteamericano de acordarse de los argentinos cuando les deja a sus conciudadanos una secuela de guerras y de colapsos económicos? Seguramente, no.

Ante tales suspicacias, la sociedad, o parte de ella, podría preguntarse para qué quiere el Gobierno la plata de los fondos de pensión que se apresta a confiscar. Los Kirchner vienen del escándalo del caso Skanska, una causa de sobreprecios en los pagos de una obra pública, denunciado por la misma empresa contratista. La investigación duerme un sueño demasiado largo como para ser inocente.

Antes, un gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, ex amigo del matrimonio presidencial, renunció pocos meses después de asumir porque no quería homologar los enormes sobreprecios de las obras públicas en su provincia. Los manejos económicos son errores cada vez más visibles. La eventual corrupción, reiteradamente denunciada, se está convirtiendo, en cambio, en una pesada deuda moral del kirchnerismo gobernante.