Los argentinos aportan directamente de su bolsillo un tercio -unos 14.000 millones de pesos- del gasto total necesario para la atención de la salud, que este año alcanzará los 42.000 millones de pesos, según proyecciones privadas.

El gasto directo de bolsillo incluye las prestaciones no cubiertas por prepagas y obras sociales, y -fundamentalmente- la compra de medicamentos.

La población que cuenta con cobertura médica privada accede a importantes descuentos (entre el 40 y el 60 por ciento) en este rubro.

En cambio, los sectores de menos recursos -desocupados y trabajadores en negro que carecen de cobertura- deben afrontar ese gasto en su totalidad, de acuerdo con estudios elaborados por la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI) con vistas al IX Congreso Argentino de Salud que se realizará entre el 14 y el 15 de septiembre en la ciudad de Iguazú.

Según estos datos, hay más de 17 millones de personas que sólo tienen el sistema público para el cuidado de su salud. Y si bien pueden contar con el hospital público, igual deben afrontar el cien por ciento del pago de la medicación.

Para este sector, el Ministerio de Salud implementó el plan Remediar, que logró atenuar el impacto para los sectores más postergados, ya que según la cartera a cargo de Ginés González García, más de cuatro millones que antes no podían comprar medicamentos, ahora pueden hacerlo.

El Plan Remediar también permitió un ahorro de 1.000 millones de pesos anuales en gasto en medicamentos, según la cartera de Salud.

En 2004, el gasto directo de bolsillo fue de 300 pesos por persona y se estima que alcanza los 370 pesos en la actualidad, de acuerdo con los datos de ACAMI.

Desde 2002, el año con menor gasto en salud de la década, la inversión en este sector aumentó a ritmo sostenido, a razón de unos 4.000 millones de pesos anuales.

De acuerdo con las últimas cifras consolidadas por ACAMI, el gasto en salud alcanzó los 35.000 millones de pesos en 2004.

Pero las últimas proyecciones privadas reflejan que este año superaría los 42.000 millones de pesos, poco más del 7 por ciento del Producto Bruto, que para el 2006 fue estimado en 594 mil millones de pesos a valores corrientes, de acuerdo con el Presupuesto en curso.

Las proyecciones surgen de documentos que se están elaborando para discutir en el marco del IX Congreso Argentino de Salud, que se hará en el Sheraton Hotel de Cataratas del Iguazú.

El encuentro es organizado por ACAMI, entidad que nuclea a prestadores sin fines de lucro e integran -entre otros- los hospitales Alemán, Británico, Italiano, San Juan de Dios, sanatorio San José, Mater Dei, William Hope, Clínica Reina Fabiola, Hospital Italiano de Córdoba, CEMIC, FLENI, OSDE y la Fundación Favaloro.

De acuerdo con los datos de ACAMI, las consecuencias de la debacle del 2001 impactaron fuerte sobre el sector: el gasto promedio por cápita cayó de 612 dólares anuales por habitante antes de la crisis, a 215 dólares tras la devaluación, para ubicarse en la actualidad en el orden de los 250 dólares.

También deben considerarse las diferencias entre los distintos sectores, ya que las cápitas promedio de los aportantes a la medicina privada casi triplican a las destinadas a los pacientes del hospital público.

Así, mientras los afiliados a las obras sociales sindicales alcanzan una cápita promedio de 48 pesos mensuales, los beneficiarios del PAMI disponen de 69 pesos, escasos para el elevado costo que suponen las prestaciones en ese sector.

Para los asociados a las empresas de medicina prepaga, el promedio se eleva a 110 pesos, que contrastan con los 41 pesos disponibles para la población sin otra cobertura, que se atiende en el hospital público.

En el 2005, los afiliados a las obras sociales crecieron hasta superar los niveles del 2001, mientras que las empresas de medicina prepaga comenzaron a recuperar terreno en el 2003, en un proceso de crecimiento que se mantiene.

Las prepagas vienen reclamando un aumento en las cuotas que por ahora quedó en suspenso luego de la intervención oficial.

De los 38 millones de habitantes que tiene el país, se estima que el 45 por ciento de la población es atendida por el sistema público, otro 47 por ciento por las obras sociales y el PAMI y el 8 por ciento restante por las prepagas, de acuerdo con los datos de ACAMI.

Las obras sociales y el PAMI aportan el 32 por ciento de los fondos destinados a la atención de la salud, y un porcentaje similar corresponde a los gastos directos de bolsillo.

Las prepagas atienden el 11 por ciento y el sistema público afronta el 24 por ciento restante de los gastos. Es decir que el Estado dispone sólo de la cuarta parte del gasto total para atender a casi la mitad de la población.

Las turbulencias económico-financieras impactaron con fuerza sobre los prestadores privados. Pero Marcelo Mastrángelo, titular de ACAMI, destacó que ante la crisis, el sector "se ha manejado muy bien según las reglas de mercado y los que han venido a buscar negocio fácil duraron muy poco tiempo".

Pero llamó la atención sobre el hecho de que "el Estado sólo se ocupa de supervisar lo que hacen un conjunto de empresas que atienden a 3 millones de asociados, cuando existen otros 14 millones de personas que ni siquiera tienen un plástico para su atención médica".

El Congreso de Salud que se hará entre el 14 y el 15 de septiembre desarrollará tres temas centrales: la investigación, la justicia y el financiamiento en el sistema sanitario.

Disertarán, entre otros, el superintendente de Servicios de Salud de la Nación, Héctor Capaccioli, y el gerente general de ese organismo, Néstor Vázquez; el titular de ACAMI, Marcelo Mastrángelo; el presidente de la Asociación de Empresas de Medicina Prepaga (ADEMP), Pablo Giordano; el juez nacional en lo Civil, Ricardo Li Rosi; el director médico de la Fundación Favaloro, Eduardo Raimondi y el ex rector de la Universidad de Buenos Aires, Guillermo Jaim Etcheverry.