La Justicia dispuso hoy la captura del tío de una joven fallecida en el incendio del boliche República Cromañón, por supuestas amenazas contra el ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra.

El juez Francisco Ponte envió un exhorto a la Justicia bonaerense reclamando la detención de Hugo Santillán, quien reside en la localidad de Merlo.

Fuentes judiciales indicaron que la decisión del magistrado responde a que Santillán fue citado en dos oportunidades a prestar declaración indagatoria y en ninguna de ellas se presentó "ni brindó explicación alguna".

El acusado es tío de la joven fallecida en el boliche de Once, Jaqueline Santillán, y según la denuncia habría amenazado públicamente con "matar" a los hijos de Ibarra.

En tanto, Aníbal Ibarra y su abogado defensor, Julio Golodny, se presentaron en los Tribunales de la calle Talcahuano al 500 para continuar con el trámite de una denuncia penal contra otros tres familiares de las víctimas.

La presentación apunta contra los padres de chicos muertos Nora Bonomini, Ricardo Righi y Luis Fernández, quienes ya tienen abiertas otras causas por supuestas amenazas vertidas contra los miembros de la banda Callejeros y la jueza del caso, Maria Angélica Crotto.

En su estadía en Tribunales, Ibarra ratificó la denuncia por supuestas "amenazas coactivas", la cual fue formulada contra los padres, que en forma insistente reclamaron a la Justicia la declaración indagatoria del ex funcionario.

La denuncia quedó radicada en el juzgado de Instrucción número 10 a cargo de Jorge Ormanechea, quien deberá analizar los dichos de los acusados en diversas radios y diarios porteños. En los mismos, los padres habrían hecho afirmaciones tales como "si tenemos que morir vamos a morir, si tenemos que ir presos iremos y si tenemos que matar, mataremos".

"Las amenazas que se denuncian son agravadas porque tienen por finalidad obligarme a desistir de ejercer mis derechos cívicos y políticos garantizados por la Constitución Nacional", aseguró Ibarra en su denuncia. En esta línea, continuó diciendo: "las expresiones son clara e inequívocamente amenazadoras. Buscan atemorizar y condicionar conductas a través del miedo. Además están claramente dirigidas a evitar que el suscripto pueda ejercer los derechos constitucionales de libertad de expresión y de reunión que tiene cualquier ciudadano".