El gobierno de Misiones analiza la posibilidad de suspender la entrega de niños en adopción a personas que no residen en la provincia, para evitar la venta encubierta de bebés.

Es una de las varias medidas en estudio, para atacar de fondo una problemática difícil de resolver. Tan compleja resulta, que los tres poderes conformaron un espacio interinstitucional, "con la propuesta de suspender la adopción extraterritorial, hasta que se revise cada uno de los procesos", cuenta la vicegobernadora, Sandra Giménez, consultada por el diario Clarín.

Además, "el gabinete social está articulado para combatir la pobreza, con la que se justifica la pérdida de valores" que implica la venta de bebés, señala Giménez.

El 37,1% de los misioneros vive bajo la línea de pobreza. Para acotar "la adopción irregular de bebés basada en la pobreza", el 24 de septiembre, el gobernador Maurice Closs anunció un subsidio de mil pesos para 10.000 embarazadas de bajos recursos, desde enero de 2009. Se pagará en tres cuotas de 200 pesos a partir del sexto mes de gestación, y los 400 restantes en el momento de inscribir al hijo como propio.

"Debemos trabajar el vínculo madre-niño: hay algo que se rompió -no es normal que uno quiera desprenderse de los hijos-, y algo que nosotros no hicimos como sociedad; una sociedad en la que unos compran y otros venden niños, y en el medio, alguien gana dinero", resume Giménez, quien es pediatra.

Misiones y Santiago del Estero son las únicas provincias que admiten aspirantes a adopción que residen en otras provincias. Los relatos de las propias madres biológicas y de sus familiares, como también numerosos testimonios "posteados" en foros, confirman que muchas adopciones, técnicamente legales, encubren ventas. Existen además ventas con supresión de identidad, en las que el recién nacido es inscripto como hijo biológico de los adoptantes.

Pero la venta de personas no es delito en la Argentina. En 2003, nuestro país adhirió al Protocolo Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, que complementa la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño. Allí se prohíbe la venta, definida como "todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución". Pero el Estado argentino aún no cumplió con el compromiso de sancionar leyes que castiguen la intermediación y venta de niños.

El 18 de septiembre, la Cámara de Representantes misionera aprobó una comunicación en la que pide a los legisladores nacionales por esa provincia que promuevan la incorporación al Código Penal del delito de comercialización de niños, niñas y adolescentes.

El subsidio a las embarazadas "no soluciona la cuestión de fondo -afirma el diputado Ricardo Buiak, autor del proyecto-. Habría que apostar más a la educación de los adultos, al acompañamiento a las embarazadas, a que el hospital público tenga más seguimiento y los medios suficientes para acompañar a las madres". Ex párroco de Oberá -el distrito más cuestionado por el caudal de adopciones-, Buiak ha presentado otro proyecto para limitar el problema. Apunta a que los gobiernos provincial y nacional incrementen e intensifiquen los controles vehiculares y de personas en las rutas de tránsito y de salida de Misiones, donde también son captadas muchas chicas por las redes de trata para explotación sexual.

Se complementa con otras iniciativas de la diputada Sandra Montiel: numeración correlativ de los certificados de nacimiento, donde deberán constar -entre otros datos- las huellas dígito plantar derecha del bebé y la del pulgar derecho de la madre; la creación del Registro Unico de Madres Biológicas, que también les fija requisitos para la entrega en adopción; y sanciones para los empleados públicos que alteren o supriman la identidad de las personas. "Hay que mejorar la legislación y dar garantías a todos", dijo a Clarín la vicegobernadora.