Más dolores de cabeza para la presidenta Cristina Kirchner.

Una auditoría de la Cámara Nacional Electoral detectó irregularidades en el informe de financiamiento de la campaña presidencial de Cristina, y le recomendó a la jueza electoral María Servini de Cubría que, en esas condiciones, no aprobara la rendición de cuentas presentada por el Frente para la Victoria.

Los auditores descubrieron donaciones por casi un millón de pesos sin ningún recibo que comprobara su autenticidad aportantes con el mismo número de documento, pero con distintos nombres, y ni un solo peso declarado como retribución a los fiscales ni por impresión de boletas.

Pero son los gastos en publicidad los que despiertan más sospechas. Según la auditoría, "falta acompañar facturas y notas de crédito por un total de 2.433.735,49 pesos", correspondientes a supuestas contrataciones con medios de comunicación que hizo el Frente para la Victoria a través de una agencia de publicidad.

El origen de los fondos proselitistas de la Presidenta quedó bajo sospecha luego de que en el juicio que se sigue en Miami por el caso de la valija se denunció que los 800.000 dólares que se decomisaron en Aeroparque eran para la campaña kirchnerista. Las dudas aumentaron después de que se conoció que una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, al que la Justicia vincula con el narcotráfico, figuraba entre los aportantes. Era Damián Forza, dueño de una droguería, rubro del que provino el 36,5 por ciento de las donaciones de la campaña kirchnerista.

Ante una consulta de LA NACION, el responsable económico financiero de la campaña, Hernán Diez, sostuvo que se trataba de errores menores que serían aclarados ante la Justicia en los próximos días.

De acuerdo con las estadísticas de la Cámara Electoral, el 77 por ciento de los fondos que los partidos recaudan los destinan a publicidad. Por eso, en las últimas elecciones la Justicia se puso estricta en el control de los gastos en propaganda: contrató una auditoría de medios para que relevara las apariciones de cada uno de los candidatos y pidió a los canales de televisión, las radios, los diarios y los demás medios que informaran cuánto habían cobrado a cada agrupación.

En el caso de la fórmula Cristina Kirchner-Julio Cobos hubo una total desproporción: se declaró casi 14 millones de pesos, pero la auditoría de medios estimó que había gastado 17 millones, y los medios de comunicación y las agencias informaron que le habían facturado casi 22 millones.

El cuerpo de auditores contadores de la Cámara Electoral está terminando el análisis de lo que informó haber gastado cada uno de los partidos para las elecciones del 28 de octubre pasado. Según informaron a LA NACION fuentes judiciales, en casi todas las rendiciones de cuentas que llegaron al juzgado de Servini se detectaron irregularidades. La tarea de control no es sencilla: sólo nueve auditores están encargados de revisar las rendiciones de campaña de 740 partidos en todo el país, a lo que se suman los informes de financiamiento anual de las agrupaciones.
"Pendientes de aclaración"

El análisis sobre la rendición del Frente para la Victoria -firmado por la auditora Ester Isak- está en poder de Servini. "Surgen observaciones a los rubros de ingresos y egresos de campaña que quedan pendientes de aclaración por parte de la Alianza -dice-. Por tal motivo, al momento presente no puedo aconsejar a vuestra señoría la aprobación del informe final de ingresos y egresos de la Alianza Frente para la Victoria."

La jueza ya informó a los responsables, Diez y Sebastián Gramajo, sobre las irregularidades detectadas para que las explicaran y presentaran los documentos faltantes.

Entre las tareas que la auditora le sugirió a Servini para completar el análisis, hay un pedido para que 12 personas y 14 empresas que figuran entre los cientos de aportantes confirmen que hicieron la donación que se les atribuye en el informe.

La selección de esa muestra de aportantes fue aleatoria, pero puede contribuir para esclarecer varios interrogantes que brotaron después del triple crimen. Entre los donantes a los que se va a consultar, figura Julio César Posse, un empresario que puso 325.000 pesos, a quien la Justicia investiga por una versión que lo acusa de ser informante de la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos, la DEA, así como de haber amenazado a Forza.

También se requerirá una confirmación del consentimiento del aporte a las empresas Droguería Urbana (que figura con 310.000 pesos), Global Pharmacy Ser (310.000), Inter Medicina (360.000) y Unifarma (160.000). Esta última era propiedad de Ariel Vilán, el empresario que se suicidó tras el triple crimen.

La auditoría también propuso profundizar la investigación para dilucidar si hubo violaciones al artículo 15 de la ley de financiamiento de partidos políticos, que prohíbe recibir contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación.

Implantes SB, la única empresa que aportó a todas las campañas nacionales del kirchnerismo desde 2003, "ha tenido adjudicaciones del PAMI", pero en la auditoría no se concluyó que el caso entrara dentro de la prohibición.