El juez de Nueva York Thomas Griesa ordenó el congelamiento de 72 millones de dólares
del Banco Nación por pedido de dos fondos de inversión, Elliot y Dart, que están en juicio contra la Argentina por el default de la deuda con los bonistas.

La orden concede inicialmente la razón a estos dos inversores litigantes que no aceptaron el canje de la deuda ofrecido en 2005 y reclaman 2.000 millones de dólares.

Al respecto, el Banco Nación consideró que "los argumentos esgrimidos por esos fondos de inversión en sustento de su pretensión resultan tendenciosos y confusos" y advirtió que no se ajustan a la normativa que regula el objeto y actividad financiera
que despliega el Banco, ni a las reales circunstancias en las que se desenvuelve".

Según un comunicado del Nación, la decisión del juez "no estaría involucrando recursos del Estado argentino sino aquellos que resultan de la actividad comercial y de intermediación financiera normal y habitual de esta entidad bancaria".

No obstante, un comunicado de un fondo de Elliot, llamado NML Capital, confirmó que "un juez federal de Estados Unidos ha garantizado el embargo de ciertos activos de la sede del Banco Nación en Nueva York sobre la base de que el BNA es un álter ego
de la República Argentina".

En el comunicado, indicó que "el Banco Nación es controlado por completo por el gobierno argentino, carece de identidad separada y sus funciones son un álter ego del Estado argentino. Como resultado de eso, sus activos están sujetos al embargo de acuerdo con los fundamentos legales en contra de la Argentina".

El concepto de "álter ego" ya se utilizó para embargar fondos del Banco Central, ya que la justicia de EE.UU. considera que tampoco existe una división genuina entre esa entidad y el Gobierno.

Este mismo concepto fue el utilizado por Griesa, que ya falló en varias ocasiones en contra de la Argentina.

En el escrito se cita la página de Internet del BNA, donde declara como su principal objetivo "actuar como agente financiero del gobierno federal".

Además, se indica que "el dominio del Gobierno sobre el BNA comienza en su carta orgánica, escrita por el Gobierno, que prescribe en detalles con quién y bajo qué términos el BNA debe conducir sus negocios y garantiza al presidente de la Argentina
absoluto poder para nombrar y remover a la conducción del banco".

Para hacer efectiva la orden, los litigantes le pidieron a Griesa que buscara los fondos que el Nación tiene depositados en otros bancos extranjeros, lo cual le generaría un dolor de cabeza extra al Gobierno.

A través de un comunicado, el Nación expresó que "ante falaces argumentos transmitidos a distintos medios por esas compañías, que el banco es una entidad autárquica del Estado creada por Ley de Congreso Nacional, con autonomía presupuestaria y administrativa.

De tal modo, se rige por las disposiciones de la Ley de Entidades Financieras, su Carta Orgánica y normas concordantes que dicte el Banco Central de la República Argentina".

Además, indicó que no le resultan de aplicación las normas dispuestas con carácter general para la organización y funcionamiento de la Administración Pública Nacional.

"Es el propio Banco el que conduce sus negocios y decide sobre la financiación de proyectos públicos o privados sin apartarse de las exigencias normativas y las relaciones técnicas establecidas para el conjunto del sector bancario, y sin que se
verifiquen para el BNA, por parte de la autoridad monetaria, normas o políticas diferenciadas de las dispuestas para el ámbito bancario", indicó el Nación.

El Banco Nación ratificó que tiene "personalidad jurídica propia, diferenciada del Estado Nacional, no integrado al Sector Público Nacional".

Por esa misma razón, el Nación consideró que no puede ser perjudicado por la pretensión judicial que ha derivado en el embargo de sus fondos.

"La pretensión no se corresponde con obligaciones provenientes de su actividad financiera: de allí que el Banco de la Nación Argentina hará las presentaciones pertinentes en defensa de sus derechos, para hacer prevalecer el objetivo criterio de la separación jurídica vigente entre esta entidad y el Estado Nacional", indicó el Nación en su comunicado.