Opositores a Morales tomaron y saquearon ministerios, organismos y aeropuertos en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Argentina y Venezuela se solidarizaron con Evo
En una ola de violencia anunciada, de los discursos cada vez más encendidos se pasó a los hechos.
Entre el martes y ayer, grupos de choque autonomistas desataron tomas masivas de instituciones del Estado central en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, desbordaron a las fuerzas de seguridad encargadas de su custodia y las saquearon con saña. Y ayer, elevando aún más la tensión política, las organizaciones campesinas que apoyan a Evo Morales comenzaron el bloqueo de rutas y anunciaron un "cerco" a Santa Cruz como represalia.
Pero además, Morales pidió la expulsión del embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, tras declararlo "persona no grata", bajo la acusación de alentar el separatismo y la división en Bolivia.
"Sin miedo al imperio, hoy declaro al señor Goldberg persona no grata, pido a nuestro canciller de la República enviar hoy al embajador (un mensaje) haciendo conocer la decisión del gobierno nacional, de su presidente, para que urgentemente retorne a su país", dijo Morales en un acto público en el palacio presidencial de La Paz.
"El que busca la división de Bolivia es el embajador de Estados Unidos", agregó el gobernante, acusando al diplomático de promover los disturbios en cinco de los nueve departamentos del país, donde rechazan el proyecto de nueva Constitución que Morales pretende hacer aprobar en un referendo en enero, recordando además su paso por la ex Yugoslavia.
La Cancillería boliviana protestó a fines de agosto por la reunión pública sostenida por Goldberg con el prefecto de la región de Santa Cruz, Rubén Costas, cabeza visible de la oposición, y le exigió evitar este tipo de encuentros en momentos en que la situación en Bolivia es por demás delicada.
Impuestos nacionales, la Aduana, la telefónica Entel (recientemente estatizada) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria cayeron ante la ofensiva de militantes de la Unión Juvenil Cruceñista, armados con palos, escudos, piedras y petardos.
Como en una evacuación, sólo se salvó lo que los empleados pudieron rescatar en su huida. Las oficinas de la ONG proindígena Cejis -de donde proviene el nuevo ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero- también fueron incendiadas y se ocuparon aeropuertos, entre ellos el de Tarija.
Los edificios desolados y "custodiados" por jóvenes autonomistas arrojaban una postal fulminante de la debilidad del Estado nacional en estos territorios que juntos dan cuenta de casi el 50% del PBI nacional, reclaman autonomía y rechazan de plano el proyecto de Constitución que impulsa Evo Morales.
En Tarija, activistas cerraron una llave de paso de gas y ayer un "atentado terrorista" a un gasoducto redujo en un 10% el envío de gas a Brasil, según el titular de la petrolera estatal YPFB, Santos Ramírez (ver Explota...). En la madrugada, manifestantes sorprendieron dormidos a los conscriptos y ocuparon "pacíficamente" el campo gasífero Vuelta Grande, en Chuquisaca. "Esto es producto de la insensibilidad del gobierno, que se niega a devolvernos los recursos del IDH (impuestos petroleros)", explicó el prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que "el gobierno ha dispuesto una mayor presencia de unidades militares para preservar la estructura hidrocarburífera''
Según los medios locales, el presidente Evo Morales recriminó en una reunión cerrada la poca efectividad de los militares, lo que habría creado malestar entre los uniformados, que ayer amenazaron con usar sus armas si continúan los vejámenes.
El origen de las protestas es la decisión del gobierno central de recortar impuestos a las regiones para pagar la llamada "renta dignidad" a los ancianos y la reactivación por parte de Morales del referéndum para aprobar una nueva Constitución, de matriz nacionalista e indigenista.
Pero ahora, el ala dura de la dirigencia cruceña quiere que las instituciones ocupadas no sean devueltas al Estado y queden bajo tutela de los gobernadores locales, aplicando de facto los estatutos de autonomía aprobados en referendos ilegales entre mayo y junio pasados en toda la llamada "media luna" sudoriental.